Una treintena de vecinos se quedarán sin sus pisos de alquiler: «Me voy a vivir con mi hijo»

Dos camiones de mudanzas escoltan la entrada al edificio. Un conductor maldice el exceso de trabajo. Dentro, en los portales de los números 17 y 19 de la calle Padre Gregorio, se apilan los dramas y las inquietudes. «No tengo nada que decir, no quiero fotos ni salir en ningún sitio«, explican al otro lado del portero automático. La mañana está gris y el panorama, negro.

Para Vidal Rubio, lo es un poco menos.« Yo me marcho a vivir a San Andrés, a casa de mi hijo. Llevaba 16 años en este piso». Es el 4º D del número 19, y dentro, los operarios se afanan en intentar desmontar un armario insufrible. «No sé cómo lo van a sacar, es enorme».

El suyo es uno de los 32 casos del bloque. Se trataba de personas que vivían de alquiler a los que se acaba de notificar que sus contratos no se renovarán. Un banco es el propietario de los pisos, que irán a parar a un fondo inversor en virtud de un acuerdo por el que los inquilinos quedan en la calle. Los hay que tienen solucionado el problema, los hay que tienen que armarse de valentía.

Stop Desahucios resume la situación. «A través de su inmobiliaria Altamira los pisos fueron vendidos este pasado mes de julio a Pantelaria, un fondo buitre, que gestiona las viviendas a través de Haya Real Estate (intermediarios). Desde entonces han comunicado a los vecinos la fecha en la que finaliza su contrato y su intención de no renovar el alquiler», cuando «se trata de viviendas que estaban protegidas hasta el año 2027, por lo que hay mucha gente que llevaba muchos años viviendo en ellas».

Desde hace un año

Jubilado después de pasarse media vida trabajando en Bicicletas Orbea, Vidal lleva un año a vueltas con el problema de la vivienda. «Ya nos dijeron el año pasado que nos teníamos que marchar, pero yo llame a un chico de la oficina de Madrid y me dijo que mientras no nos avisaran, que estuviéramos quietos, que no hiciéramos caso. Le pregunté qué pasaba con los contratos y con las fianzas, pero me dijo que no tenía que preocuparme de nada. Ahora de repente, de un día para otro, nos encontramos con este problema. Y el mío no es el peor, hay gente que lo va a pasar fatal».

Lo suyo, además va a terminar en manos de la justicia: «Me deben 3000 euros de la fianza pero ya lo he metido en un abogado, porque ahora nadie quiere saber nada». Unos pisos más abajo, el trajín de cajas y envoltorios no cesa, pero la inquilina tampoco está por la labor: «Déjennos en paz, bastante tenemos con lo nuestro. Hagan el favor de salir de aquí». No es el único caso. La desesperación es evidente. Y lógica.

La plataforma insiste en dibujar un panorama complicado: «En León ya tenemos una consecuencia muy clara: muchos vecinos pierden el derecho de habitar unos hogares que estaban protegidos hasta 2027, mientras la sociedad sigue afrontando la situación económica tan delicada que deriva del coronavirus y cuyas consecuencias todavía son difíciles de prever a largo plazo».

«Esperamos que, al exponer este caso en los medios, la ciudadanía sea más consciente de la necesidad de una vivienda social protegida, que no esté a merced de la especulación y a la que se pueda recurrir en circunstancias de emergencia social como la que vivimos».