Gestión de los residuos
El Tribunal de Cuentas investiga la pérdida de 17,3 M€ de recibos prescritos en Gersul
El organismo estatal debe resolver si hubo responsabilidad contable por la situación creada entre 2007 y 2019
Se han perdido ya 17.344.019,48 euros de recibos prescritos, a los que se añaden otros 7.379.684 euros que están por el momento en el aire a la espera de que la administración logre su cobro tras empezar a reclamarlos el pasado año. No se pueden recuperar, aunque el Tribunal de Cuentas abre ahora diligencias preliminares para decidir si hubo responsabilidad contable y, en su caso, alcance, por la gestión de los cobros del consorcio provincial de residuos de León (Gersul). El caso se encuentra ya pendiente del nombramiento del delegado instructor, según el último auto dictado por el órgano, después de que fuera derivado por parte de la Fiscalía Provincial de León a instancia de la denuncia interpuesta por IU.
El instructor deberá examinar ahora la documentación y podrá recabar los testimonios oportunos para decidir si se cometieron irregularidades contables, además de identificar a los responsables, lo que llevaría a que fueran juzgados por este órgano; si se aprecian delitos de alcance, lo que devolvería el caso a la vía penal; o si por el contrario cabe archivar el caso. La investigación abarca los casi doce años desde que, en 2007, se externalizó el cobro de los recibos de Gersul hasta que en 2019 se decidió que la Diputación asumiera de nuevo estas responsabilidad. En total, casi tres mandatos en los que se sucedieron en la presidencia del órgano José Antonio Velasco, Isabel Carrasco, Velasco de nuevo y, por último, Ángel Calvo, quien fue el que revirtió la situación y que ahora ha alegado ante el auto del Tribunal de Cuentas para que se anule el nombramiento del delegado instructor.
Desde Fiscalía
El organismo ya ha dictado auto para el nombramiento del instructor de la causa
En este tiempo fue en el que se perdieron los 17,3 millones de euros de recibos prescritos por la inacción en el cobro, al no ejercitar la reclamación de los impagos a los contribuyentes que no desembolsaban la factura de forma voluntaria, como se detalla en el informe de la nueva Intervención del consorcio provincial de residuos.
La prescripción afecta a los nueve años en los que los cobros los hizo la empresa externa Biergrim, de 2007 a 2016, pero también a los tres en los que se mantuvo una situación de interinidad hasta que la Diputación asumió de nuevo la competencia. Como resultado, de acuerdo a la ley, tan sólo se han podido empezar a reclamar los impagos de los cuatro ejercicios anteriores, de 2015 en adelante, en los que se acumulaban 8.816.257 euros. Hasta ahora sólo se ha logrado recaudar 1.194.625 euros de esta cuenta, mientras que 7.379.684 euros se mantienen en la vía ejecutiva y 241.948 ya se han declarado incobrables.
La suma proviene de una gestión de los padrones que hace que se recauden cada año 14 millones de euros, pese a que se deberían de ingresar 16,5 millones de euros, conforme al informe de Intervención. Sólo en el municipio de León se da el caso de que, al cotejar los datos con el padrón de la recogida de basura, que gestiona de manera directa el Ayuntamiento, hay cerca de 21.600 contribuyen que no pagan de los 81.600 totales: 74.000 domésticos y 7.600 industriales.
La situación hace que, al margen de la decisión del Tribunal de Cuentas, la Intervención haya propuesto que se liquide el consorcio, que se cree un convenio interadministrativo entre la Diputación y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, León, Ponferrada y San Andrés, y que cada uno gestione sus cobros.