UGT y CC.OO. se desmarcan del acuerdo y piden más negociación
Los representantes de UGT y CC.OO. en el comité de empresa, donde cada sindicato tiene un miembro frente a los once de USO, explicaron que su decisión de no suscribir el acuerdo se debe a que «sigue sin resolver los muchos problemas de fondo que existen». Muchos «flecos importantes que pueden provocar un conflicto muy serio y que «de no concretarse se puede decir que el trasvase será inútil». Un listado que se concreta en tres puntos básicos «la continuidad en el tiempo de los 224 puestos de trabajo, la ejecución de esa reducción de casi el 24% de la masa salarial de toda la plantilla y, por último, cómo se va a resolver la situación para los trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años».
Los dos sindicatos incidieron en que «en lo tocante al empleo, según la normativa actual de aplicación para la Administración Pública, los trabajadores y trabajadoras indefinidos no fijos, como es el caso, podrían ser los primeros en ser despedidos en caso de ajuste de plantilla». «Es por ello que se debe acordar la forma legal con la que el Ayuntamiento leonés se compromete a asegurar nuestro empleo, a través de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) propia de un organismo autónomo dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente, y que prevea los procedimientos de consolidación de los puestos de trabajo», propusieron.
Ajuste escalonado
En cuanto al «fuerte ajuste salarial», UGT y CC.OO. defienden que «debe hacerse de forma legal, escalonado y definitivo». «El artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores establece cómo debe procederse a la no aplicación o descuelgue del Convenio Colectivo y es sobre estas bases legales sobre las que hay que pactar; del mismo modo que debe clarificarse el horizonte salarial, por lo que el acuerdo debe basarse en una planificación salarial hasta 2016 y así acomodar la reducción de forma escalonada», demandaron.
El tercer aspecto hace referencia «a los mayores de 55 años», con los cuales «el consistorio debe ser sensible a la vez que inteligente». «Dar salida a un colectivo como éste es una obligación moral y un reconocimiento profesional, donde además comporta un ahorro a medio y largo plazo. Muchos de ellos no pueden llevar a cabo determinadas tareas y si a eso se les suma su reducción salarial, sus bases de cotización de cara a su próxima jubilación quedarán mermadas de forma considerable», criticaron.