La Universidad del futuro: menos precariedad laboral y más investigación
El contador para que las universidades españolas se adapten a exigencias más duras para ganar en calidad entrará en vigor hoy con un real decreto que les obligará a no superar un 40% de contratos temporales, dedicar el 5% de su dinero a investigar y al menos el 50% de los docentes deben tener el título de doctor.
Las 87 universidades públicas y privadas y las que puedan crearse a partir de ahora tendrán un periodo máximo de cinco años para cumplir con los nuevos requisitos y acabar así con instituciones universitarias que no lo son pero se autodefinen así.
En las últimas cuatro décadas se han duplicado los estudiantes de enseñanza superior y de las 33 universidades activas en 1983 se ha pasado a 50 universidades públicas y 37 privadas y de la Iglesia católica, que suman en conjunto 1.061 facultades.
El real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que deroga al anterior de 2015, afecta a las nuevas facultades o escuelas en una universidad ya existente, a la adscripción de un centro a una universidad, y a la creación de una nueva.
Para que una institución académica pueda denominarse universidad estará obligada a disponer de una oferta mínima de diez Grados, seis Máster y dos programas oficiales de Doctorado. En ellos estarán representadas, al menos, tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). Además, el alumnado de Grado (y dobles Grados) supondrá como mínimo el 50% de los matriculados en las enseñanzas oficiales del centro. Los títulos podrán impartirse en modalidad presencial, virtual e híbrida. Tendrá que dedicarse al menos un 5% del presupuesto a incentivar la investigación propia.
Además, todo el profesorado encargado de impartir enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título. Si se apreciase que incumplen los requisitos exigidos, la universidad deberá presentar un plan de medidas correctoras en el plazo máximo de tres meses, y dispondrá de dos años como máximo para desarrollar dicho plan. Si transcurridos los plazos no se ha subsanado lo requerido, la comunidad autónoma podrá revocar la autorización de inicio de su actividad, cuyo alcance podrá afectar a toda la universidad o limitar sus efectos a alguno de sus centros.
Por otro lado, ayer se conoció el Ránking Académico de las Universidades del Mundo, elaborado como cada año por la Universidad Jiao Tong de Shanghái. No aparece la Universidad de León en la lista de las 500 mejores del planeta.