«No vamos a dejar a nadie fuera en las decisiones territoriales»

—¿Qué papel ha jugado la Junta en los dos conflictos territoriales que mantiene León con Asturias, en concreto San Emiliano y Mieres, por el puerto de Pinos, y Cabrillanes y Somiedo? En ambos, el Principado siempre se ha personado como acusación particular, mientras que en León los pueblos han tenido que afrontar su defensa siempre en solitario.

—Es importante aclarar que no existe un conflicto jurisdiccional entre administraciones, estamos ante conflictos exclusivos entre propietarios y usuarios de una servidumbre, como puede ser el caso entre Mieres y San Emiliano. Por lo tanto la Junta no tiene judicializado nada al respecto. Si puntualmente hubiera algún tipo de acto que afecte a, por ejemplo, a cuestiones de fuerza pública, saneamiento animal, u otras cuestiones, la Junta intervendría como corresponde. Las administraciones tenemos que tener muy claro que tenemos que defender nuestros territorios más allá de ideologías políticas. Castilla y León es una tierra que tiene enclaves en otras comunidades autónomas y siempre ha prevalecido la defensa de nuestros intereses. A partir de ahí, hay que garantizar que los servicios que se prestan en los territorios donde existen estas tensiones puedan desarrollarse con normalidad y defender a las personas que sean de nuestro territorio y que pueden tener alguna dificultad.

—¿No cree que le haber habilitado la aprobación de la Ley de Ordenación del territorio a través de una mayoría simple de la cámara en lugar de tres cuantas partes elude que se trabaje para tener un consenso amplio y garantista en un aspecto tan determinante de la Comunidad?

—Es verdad que todo lo relacionado con los procesos de ordenación del territorio y sus leyes contaron con un acuerdo tan amplio en las Cortes de Castilla y León que siempre se entendió que iba a ser razonable una mayoría reforzada para que siempre fuera un asunto de comunidad y que todos los partidos se concienciaran con esa cuestión. Probablemente esto también se deba a la situación política que hay ahora mismo en nuestro país, la fragmentación electoral y de las cámaras autonómicas ha ocasionado que en la anterior legislatura no fuera sencillo poder culminar el proceso y nos quedaba la última parte, que era ya marcar las áreas funcionales estables, las grandes zonas y dejar terminado de ordenar todo lo que tienen que ver con los mapas de las unidades básicas de ordenación y servicios al territorio, y es verdad que estuvimos a muy poca distancia de poder haber cerrado un acuerdo y que por unas circunstancias o por otras al final no se pacto. Estamos hablando de 900.000 personas que viven en el mundo rural que se iban a ver afectadas por esta ordenación. Sin terminar de culminar esta ordenación no podemos poner en marcha el resto de mecanismos, y por tanto, en ese equilibrio en relación con las mayorías reforzadas o con la sensación del deber con las personas del mundo rural nos hemos inclinado por poder disponer de un instrumento aprobado con una mayoría absoluta, que es como se toman las grandes decisiones, no con la intención de dejar a nadie de lado, porque en el proceso que se ha iniciado ahora se quiere contar de nuevo con todos los partidos políticos, de hecho se están reconsiderando algunas de las posiciones iniciales que había en la anterior legislatura. Lo hemos hecho así porque queremos hacer un ejercicio operativo porque si todos los acuerdos si tuviéramos que someterlos a una mayoría reforzada como estaba esta será imposible llegar a ningún acuerdo.

—¿Apoya la Junta la fusión de municipios dentro de esta ordenación?

—Ya ha quedado muy claro que la Junta de Castilla y León no va a abordar en ningún caso la fusión de municipios en esta legislatura. Evidentemente los dos partidos que concurríamos a las elecciones de mayo del año pasado teníamos posiciones distintas y lo que acordamos es un mínimo común múltiplo, hablando en términos matemáticos, que consiste en dejar de lado aquellas cuestiones en las que no tenemos una posición tan próxima y por eso la parte de promoción para fusionar municipios quedó fuera de nuestra línea de acción en esta legislatura.

—¿Tienen previsto modificar la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998, es decir que tiene ya 22 años, para precisar mejor las competencias entre ayuntamientos y juntas vecinales?

—Sí, es una de las cuestiones que tuve la posibilidad de anunciar en el inicio de la legislatura. Estamos recabando información desde la dirección de administración local para ver en qué términos podríamos hacerlo, porque también ha habido mucha legislación posterior que ha ido afectando también a los municipios, a las competencias autonómicas.

—¿Cree usted que la Junta de Castilla y León valora suficientemente el papel y la importancia de las juntas vecinales como administración más próxima al ciudadano?

—Sí, además la provincia de León es la que más juntas vecinales tiene. Es una figura jurídica que no solo los merece todos los respetos si no toda la consideración y atención. Por lo tanto tiene que desarrollar un papel importante porque son las estructuras que van a permitir también que las personas que quieran vivir en las zonas rurales puedan hacerlo con una garantía de servicios.

— ¿Cumplen las administraciones leonesas respecto al envío de presupuestos y liquidaciones de sus entidades locales?

—No tengo información de si hay algún incumplimiento puntual. En general todas las administraciones públicas vienen cumpliendo en la medida de sus posibilidades con sus obligaciones. Es verdad que en algún caso, especialmente en pequeños municipios, no se cumple con las previsiones de envío de la información especialmente en relación con el ámbito contable. También quiero hacer una llamada de atención sobre esto. Tenemos un problema en el mundo rural de Castilla y León con los habilitados de carácter nacional, los secretarios interventores de los pequeños municipios. Ahora mismo el 40% de las plazas están cubiertas de forma temporal, bien por interinos por dobles asignaciones y algunas de ellas están vacantes. Esto está generando una sensación de inestabilidad bastante importante que está afectando a muchos pequeños municipios, en toda Castilla y León y por supuesto en la provincia de León. Una de las medidas que abordé en mi visita a la ministra de Función Pública fue pedirle que por favor convocara plazas para interventores y secretarios de tercera porque necesitamos que el mundo rural disponga de estas figuras que son esenciales para que las juntas vecinales puedan desarrollar sus servicios hacer sus contratos y justificar sus cuentas. También tenemos la dificultad de que el 55% de plazas que tenemos cubiertas, unas 740 en Castilla y León, se van a jubilar en cuatro años, lo que genera un gran problema en estos municipios, y por eso estamos trabajando ya para mejora estas circunstancias.