Diario de León

Vox saca adelante una petición de las Cortes para declarar el AVE a León como servicio público

- La medida que pide al Gobierno la bonificación de viajes para los usuarios leoneses contó la abstención del PSOE - Un palentino se ahorraría, según Vox, 550 euros hasta Madrid, lo que da idea del agravio que sufren los viajeros leoneses

La Junta urge la declaración de la línea de tren a Madrid como Obligación de Servicio Público para abaratar los billetes. DL

La Junta urge la declaración de la línea de tren a Madrid como Obligación de Servicio Público para abaratar los billetes. DL

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El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha logrado la aprobación en sede parlamentaria de una Proposición no de Ley que insta al Gobierno de España a que realice los trámites necesarios para declarar la línea de tramos de Alta Velocidad entre León y Madrid, Palencia-Burgos y Zamora-Madrid como de Obligación de Servicio Público, al igual que, desde 2015, ya obtuvieron esta declaración los tramos Madrid-Segovia-Valladolid y Madrid-Medina del Campo-Salamanca, según un comunicación de la formación verde.

Durante su intervención, Iñaki Sicilia recordó que “es inaudito que el bono mensual del AVE sea 550 euros más caro para un palentino que para un vallisoletano”. Sicilia recordó durante su intervención cuál es la naturaleza de VOX: Ser una herramienta útil al servicio de España. Con una inversión en España de 57.000 millones de euros en líneas de alta velocidad (con más kilómetros de vía de alta velocidad que Japón o Estados Unidos) “no es de recibo la desigualdad de trato que están recibiendo los ciudadanos de Castilla y León en comparación a otros tramos declarados de Obligación de Servicio Público bajo gobiernos socialistas”.

León espera desde hace siete años la declaración de servicio público para la línea de la alta velocidda, con el fin de acceder a billetes con precios bonificados, además de frecuencias eficientes que mejoren la comunicación entre la capital leonesa y Madrid. Hasta la fecha todos los intentos se han quedado en fracaso por decisión política, con las negativas sucesivas de los gobiernos del PP y del PSOE a afrontar este trámite que implica a varias áreas de gestión ejecutiva; incluido el Ministerio de Hacienda.

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