lunes 21.10.2019

Un largo proceso de alegaciones y documentación

La carta del presidente del Consejo de Cuentas al presidente del Tribunal de Cuentas, el 2 de julio de 2018, advirtiéndole de «la posible existencia de indicios de responsabilidad contable» abrió el expediente que ahora llega a su fin, y que empezó por la designación de una instructora, que es la que ha firmado este último auto.

 

A petición del TC, el Ayuntamiento de Ponferrada, todavía bajo mandato de Gloria Fernández Merayo, envió la documentación que obraba en los Servicios Económicos Municipales, además de poner en su conocimiento que actualmente se están tramitando diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada. Información que la instructora quiso ampliar con informes sobre los pagos que realizó el Ayuntamiento y nombres y apellidos de alcaldes y concejales que votaron favorablemente en los plenos del 26 de octubre y 13 de noviembre de 2012 y de 16 de abril de 2013. Y todavía más, en otra carta del 20 de mayo de este mismo año, para que le remitieran la certificación expedida por la secretaria del Ayuntamiento de Ponferrada, «en la que detalladamente se reflejen las cantidades abonadas a la UCI (Unión Ciclista Internacional) y las que, en su caso, hubieran sido abonadas a la Fundación de Deportes de Ponferrada».

 

Con toda esa información, la instructora convocó al Ayuntamiento de Ponferrada para el pasado 13 de junio a un acto de liquidación en el que estuvieron presentes el abogado y la interventora así como el fiscal del caso, y cuya principal conclusión es que «el pago de un millón de euros y la constitución de avales realizada por el Ayuntamiento por importe de 4 millones y la posterior ejecución de estos, como consecuencia de la ausencia de patrocinadores en las fechas en las que la Fundación debía hacer frente a los pagos ha quedado justificado mediante la documentación que acompaña los informes elaborados a requerimiento de esta instrucción».

 

Pese a la firma del letrado del Ayuntamiento, en otro escrito del 9 de junio, insistió en que no procedía el archivo debido al «riesgo financiero» que supuso para el Ayuntamiento asumir los cuatro millones en avales para futuras operaciones financieras. Argumento que también rechaza ahora la instructora en el auto.

Un largo proceso de alegaciones y documentación
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