domingo 15.09.2019
TRIBUNA

Sin diputaciones provinciales viviríamos mejor

Al inicio de esta legislatura, en marzo de 2012, UPyD presentó una iniciativa para suprimir diputaciones provinciales, fusionar ayuntamientos y acabar con los privilegios fiscales que disfrutan el País Vasco y Navarra, todo lo cual hubiera permitido un ahorro de más de 35.000 millones de euros. Cantidad de dinero que hubiera tenido un uso alternativo muy valioso para la mayoría de los españoles: no hubieran sido necesarios los recortes en servicios públicos como la sanidad o la educación. Votaron en contra el PP y el PSOE. Recientemente, Unión Progreso y Democracia de Galicia ha elaborado un vídeo donde explica los beneficios de la fusión de municipios. Una excelente iniciativa de pedagogía política y comunicación que se encuentra en las redes sociales: muy recomendable.

El control presupuestario es imprescindible y todos hemos visto —y sufrido— lo que sucede cuando los recortes se trasladan a la sociedad. Es necesario que sea la propia Administración la que se los aplique a sí misma y se renueve para ser más simple, ágil y eficiente, al servicio de los ciudadanos que debiera ser su prioridad. Es urgente una administración territorial más racional. El desarrollo de las competencias autonómicas durante los últimos treinta años ha situado a España como el segundo país más descentralizado del mundo, por detrás de Canadá. En comparación con otros países, nuestras comunidades autónomas tienen unos amplísimos niveles de autogobierno que, en muchos aspectos, sobrepasan las competencias de los estados de una federación; y ello sin considerar los casos del País Vasco y Navarra, únicos en el mundo. Por eso cuando el PSOE promueve el «modelo federal» no sé a qué se refiere.

En 1980, España tenía unos 700.000 empleados públicos. En el año 2011 eran unos 3.200.000 y actualmente la cifra es levemente inferior. Periódicamente nos desayunamos con el descubrimiento de nuevos asesores, una categoría opaca de individuos designados que viven el mejor de los mundos. Me explico, trabajan para una administración pública pero como no son funcionarios no ven rebajados ni congelados sus pingües sueldos. Hace poco leí que el Ayuntamiento de Madrid tenía unos 250 asesores mientras que el Ayuntamiento de París, con muchos más habitantes, sólo tiene 36… O que Alemania con unos 80.000.000 de habitantes tiene unos 150.000 políticos y España, con 47 millones, 445.000 políticos.

Desde que se inició este debate a favor de una administración territorial más razonable se han dicho muchas barbaridades. Se nos pretende hacer creer que las diputaciones provinciales son parte de nuestras esencias patrias, algo así como los principios e instituciones del Derecho Romano. Y esto no es cierto. Las diputaciones provinciales se crearon en 1845 y, desde entonces, con luces y sombras, se han mantenido hasta ahora. El desarrollo del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978 fue una oportunidad perdida para evitar las duplicidades que ahora estamos sufriendo. Podrían haberse transformado en la administración periférica de los gobiernos de las comunidades autónomas pero no fue posible porque los partidos mayoritarios no quisieron compartir su gestión territorial.

Lo razonable sería que en un país como España con más de 8.000 municipios de los cuales unos 2.600 tienen menos de 250 habitantes, y unos 6.800 menos de 5.000 vecinos, la prestación de los servicios públicos pudiera realizarse fusionando municipios para que tuvieran la dimensión y la dotación económica adecuadas. Además hay otro argumento de naturaleza política, de regeneración democrática: siempre será mejor reforzar las competencias de una administración con legitimidad democrática directa como son los ayuntamientos en vez de beneficiar a las diputaciones provinciales que son entidades representativas de segundo grado cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos.

Entonces ¿por qué no se hace? Porque a la «gran coalición» no les interesa. Son legión los allegados, familiares y amigos de políticos que cobran sueldos, buenos sueldos, en puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados. La actual dinámica institucional favorece el caciquismo y las corruptelas. Los diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos sino por los dirigentes de los partidos políticos. Y ya sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando.

Las diputaciones provinciales tuvieron su razón de ser en el tiempo en que fueron creadas. Y, hoy, nadie puede discutir que los servicios que actualmente prestan podrían prestarse —sin ningún tipo de problemas y a un menor coste— por las delegaciones territoriales de los gobiernos autonómicos. No es posible que después de las transformaciones sociales y tecnológicas de los últimos años las administraciones públicas sigan funcionando bajo criterios del siglo XIX. La desafección de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones tiene que ver, también, con esa falta de adaptación a los nuevos tiempos. No es justo que después de varios años de crisis su gasto sea prácticamente el mismo y que la ausencia de reformas no haya detenido el incremento de nuestra deuda pública.

Por todas estas razones, por una mejor calidad de nuestra democracia, por su urgente regeneración, sería conveniente que desaparecieran las diputaciones provinciales y sus competencias se asumieran por de las delegaciones territoriales de las comunidades autónomas. Viviríamos mejor.

Sin diputaciones provinciales viviríamos mejor
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