sábado 19.10.2019
TRIBUNA

España sin barreras

En los últimos años, el funcionamiento de las democracias en muchos países occidentales ha experimentado un creciente proceso de deslegitimación que afecta especialmente a sus instituciones representativas. Este impacto de la pérdida de legitimidad del paradigma representativo se ha sentido especialmente en las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Son muchos los estudios que inciden en la relación positiva existente entre la descentralización del poder y la calidad democrática de las sociedades, al atribuirse en términos generales a esa descentralización una mayor eficiencia en la organización administrativa, considerando igualmente la división vertical de poder como un garante adicional de la protección del individuo ante abusos de poder. En la práctica, la experiencia comparada muestra que todos los países políticamente descentralizados tienen un sistema político democrático mientras en los países autoritarios tiende a suprimirse la autonomía regional, así como la separación de poderes.

Eso no quiere decir, como resulta evidente, que no pueda haber, como de hecho los hay, estados unitarios o fuertemente centralizados, que sean perfectamente democráticos: el ejemplo de Francia es paradigmático. Ahora bien, lo que cuesta mucho más es encontrar un estado autoritario o totalitario (no democrático) en el que exista una verdadera —no solo aparente— división vertical del poder. Sobre estos asuntos acabo de leer el libro Calidad democrática y organización territorial (Editorial Marcial Pons) que recoge algunos de los trabajos presentados en el congreso internacional celebrado el año pasado en el Centro Asociado de la Uned-Calatayud. Esta publicación parte de este debate y pretende analizar el rendimiento de las instituciones democráticas en los Estados, su regulación y las formas de interacción entre los diferentes niveles de gobierno.

Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir. El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término «nacionalidades» en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad. La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad.

Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros: la creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado; la coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas; la difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia el interior; la falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos puntuales.

Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías han sido considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste —el elevado coste— del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la «mayor democracia», que se siguen dando por supuestos. El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional. El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, ha corrido igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar. Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental. En fin, la técnica de legislación básica estatal y legislación autonómica de desarrollo se ha manifestado a lo largo de los años como un foco constante de conflictos entre el Estado y las Comunidades autónomas, que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional, lo que ha situado a este órgano, en más ocasiones de las deseables, en el centro de la disputa político-territorial, con las perniciosas consecuencias que ello ha acarreado desde el punto de vista de su legitimidad, y, lo que es peor, de cara al mantenimiento de su imagen pública de imparcialidad e independencia.

Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa. Además, todos estos acontecimientos han contribuido, en parte, a incrementar el fenómeno de desafección democrática derivado de la dificultad o práctica imposibilidad que muchos ciudadanos tienen para identificar quién es de qué responsable, dadas las deficiencias de nuestro reparto de competencias: por ejemplo, las dificultades y molestias que -en estas fechas- muchos españoles están sufriendo para poder ser atendidos en-cualquier-lugar-de-España con su tarjeta sanitaria. Los riesgos apuntados —insostenibles, muchos de ellos—, en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora: «reformas». Urge un modelo de organización del territorio para ciudadanos libres e iguales, una España sin barreras.

España sin barreras
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