martes 24.09.2019
TRIBUNA

Mejorar la política

Mejorar la política

Hambre de realidad. El hombre de hoy, como el hombre de siempre, exige metas claras tras los alegres clarines. Caminos rectos, fáciles, empinados, de llanada o de sierra, como sean: pero conocidos y que lleven a alguna parte. Exige también ejemplaridad y sinceridad a los guías, conductas que respalden la promesa, garantías morales de que la empresa común es realizable y de que todos vamos derechamente a realizarla. Quiere no sólo palabras, sino, sobre todo, realidades. Otras cuestiones que son igualmente decisivas para evaluar la calidad de la democracia: el determinante papel que juegan en la vida pública los partidos políticos, el modo de elaboración de las normas, los medios de participación de que disponen los ciudadanos en los procesos de toma de las decisiones públicas, o, en fin, la necesaria transparencia de la actuación pública y su correspondiente rendición de cuentas. Aquí-está-la-clave. Estas cuestiones afectan directamente al funcionamiento interno de los partidos políticos, un asunto que más preocupación e interés ha suscitado en el conjunto de la discusión sobre las posibles mejoras del funcionamiento del sistema democrático.

Nuestro modelo electoral descansa en un sistema de listas cerradas y bloqueadas. El partido designa a los integrantes de esa lista y determina el orden invariable en el que figuran en la misma y los ciudadanos solo pueden elegir —o no— una lista en su conjunto. Este sistema otorga un poder a los órganos directivos de los partidos, que difícilmente puede conciliarse con un funcionamiento verdaderamente democrático. Sería mucho mejor un sistema de elecciones primarias para la elección de candidatos, y listas desbloqueadas con voto preferente. Medidas que ayudarían a personalizar la representación política y a disminuir el dominio de las élites sobre el partido. Estas medidas facilitarían un cambio de actitud de los representantes capaz de erradicar determinadas prácticas y, sobre todo, de ejercer su representación conforme a los intereses de la ciudadanía que los elige y no del partido que los designa.

Los tiempos en los que la democracia representativa se satisfacía solo con la existencia de unas elecciones periódicas y una cierta rendición de cuentas han quedado en el pasado. La representación democrática, por tanto, debe concebirse como un complejo proceso político que permite al pueblo soberano actuar más allá de su participación en el acto formal de la autorización electoral. De esta forma la calidad del sistema representativo dependerá también de la calidad de las distintas formas de participación ciudadana que incorpora: el voto para elegir representantes institucionales; la movilización a través de asociaciones; la participación en la esfera pública, etc., así como la calidad de la deliberación pública a que den lugar.

Los partidos no sobran, pero su protagonismo en el proceso político y el abuso de su posición dominante generan una extendida y doble preocupación. Debido a las funciones que desempeñan, el grado de democracia en los partidos, la calidad en el proceso de selección de sus líderes y su forma de sostenerse económicamente afectan al funcionamiento democrático del Estado e inciden en la calidad y legitimidad de sus instituciones. La historia de los partidos en estos aspectos resulta, en ocasiones, escandalosa…; y la falta de democracia interna y su financiación irregular suscitan el rechazo ciudadano. La corrupción como uno de los factores más corrosivos de la confianza de los ciudadanos en la política. La financiación de los partidos es, de forma recurrente, fuente de problemas, si no, directamente, de corrupción. Una materia que durante muchos años tuvo una muy deficiente legislación, que sólo fue corregida —tímidamente— cuando los peores escándalos ya habían estallado.

La debilidad del sistema de controles y la tardanza en responder. La no asunción de responsabilidades políticas. Irresponsabilidad entendida como ausencia de sanción, ausencia de consecuencias para comportamientos objetivamente perjudiciales para los intereses públicos. Nunca-pasa-nada: nunca hay consecuencias para el responsable. Comportamientos que sin ser ilícitos son, objetivamente, gravosos, perjudiciales, para la comunidad. Por ejemplo, una desviación muy significativa en relación con el coste de una obra pública. O infraestructuras innecesarias o inviables, por ser imposibles de mantener. Malas-gestiones-y-más. Supuestos que exigen una sanción tanto por la credibilidad de la política entre la ciudadanía como por la propia necesaria calidad de ésta. Y una sanción que, por supuesto, no tiene que ser penal. Ni siquiera administrativa. Uno de los problemas recurrentes de la democracia española es identificar responsabilidad política con responsabilidad penal. El mal hacer: el político, el gestor público, puede ser responsable por un mero error. Es más, lo habitual es que mayoritariamente sea responsable por error. El delito necesariamente ha de ser excepcional, una anomalía, enfermedad, del sistema. El mal hacer tiene que tener consecuencias, básicamente, la dimisión o cese del responsable.

Criticable es asimismo la tendencia de los partidos a la ocupación de todos los resortes del poder mediante una constante labor de colonización de instituciones que debieran estar a salvo de las injerencias y la penetración partidista, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o los órganos reguladores. Y ello porque son instituciones esenciales en el funcionamiento regular del Estado de Derecho, de cuyo prestigio e imparcialidad depende en gran medida la legitimidad de todo el sistema.

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