sábado 07.12.2019
Tribuna

TRIBUNA | Vivan los pueblos vivos (Pleitos - ábside 2-)

Pongámonos en la postura de demócratas y no en la de patriotas; hablamos de «justicia» y no banalicemos con su significado. ¿Realmente, sobre quién se aplica la ley?

Seguimos después de Vivan los pueblos vivos (Paz —ábside 1—), 04-11-2019. El desafecto y reventón catalán último nace, como sabemos, con la reprobación de su estatuto una vez aprobado por el parlamento catalán, por su pueblo, por el Congreso de los Diputados y por el Senado que luego «cepilla» (¡qué palabra!, ¿verdad Alfonso Guerra?) el Tribunal Constitucional tras el recurso que interpuso y para el que recogió firmas «per tot arreu i mitjans» (por todas partes y medios) aquel político conservador, Rajoy Brey (Mariano) a cuya cabeza del Partido Popular estaba entonces.

 

Luego las cosas se han ido complicando con «policías patrióticas»; derecho de opinión y de expresión restringida; demandas denegadas; palos de porras, patadas, abuso general de fuerza (violencia tal cual); intervención de cuentas; fiscalías que «afinan»; una lógica respuesta de un pueblo-nación que renacía para un resto de España sorprendida y asombrada, incrédula, negándose a comprender los novísimos vientos nacidos y propulsados por los agravios (que si los catalanes son así y asá, olvidando que los que critican también son así y asá, o peor); un preguntar imposible (01-10-2017) que el Estado se tomó como una humillación; un «allanamiento» del rey en «jardines» que no le tocan (dos días más tarde); un enojo y bochorno estatal por no haber podido encontrar una sola urna (sólo sirven para votar, no matan a nadie); un encarcelamiento «preventivo» de más de dos años a algunos líderes que le han sacado los colores a la España «democrática» (aquí los altavoces son de propiedad y los speaker son del complot) y que termina en una sentencia rebajada de rebelión a sedición (¿qué nos apostamos a que no hay separación de poderes?) que es justo la que proponía durante el juicio la Abogacía del Estado, dependiente del propio Gobierno; y unos exiliados que están en libertad gracias a Europa y a pesar de la justicia española. En román paladino todos ellos son «presos políticos», y no a la inversa como se tiene tanto cuidado en decir en los diferentes medios «españoles» y en los «españoles» medios también de Cataluña, aunque siempre ha habido sus no menores matices.

 

No ha existido juicio justo y menos interviniendo en los futuros de esas magnitudes. Nadie se lo cree aparte de los interesados y del interés nacional, también del internacional que está viendo estas barbas pelar con cierta preocupación y, por qué no decirlo, coadyuvando a sabotear los derechos y libertades fundamentales en una Europa en regresión democrática. Como en León para su autonomismo (¿nos acordamos?), prima la falacia de las «razones de Estado» y en este caso la «indisolubilidad» territorial nada más y nada menos. Los jueces no han sido jueces ni han hecho de jueces, sino de «patriotas», hayan estado a izquierda o derecha de la política. Su sentencia por «unanimidad» lo denuncia. Eso se puede comprender, pero no aceptar democráticamente.

 

Ahora bien, ¿qué derivadas puede tener el afán de libertad catalán sobre el Estado? Están manifiestamente expresadas sobre una clara falta de armonía entre todos los pueblos españoles, más en unos que en otros. La España de la uniformidad siempre fue un error y todavía sigue siendo un fracaso. Viene de muy lejos. No hace falta que los nombremos. Pero es que además Valencia y Baleares son «familia» de Cataluña y pueden llegar a tener esa tendencia. ¿Les «persuadimos» a que la «corrijan»? ¿Se lo exigimos si algún día levantan un poco de más ese párpado? ¿Que vayan contra su corriente? También el noreste catalán es el sureste francés. ¿Vade retro, de uno y de otro lado? No. El futuro se construye con el presente, la cosa es cómo; bien utilizando hormas de moldeo forzado o la bienaventurada armonía del entendimiento y la flexibilidad. Lo primero es siempre una temeridad, deberíamos saberlo, y a la larga un suicidio.

 

Al fiscal Javier Zaragoza Aguado, uno de los sentenciadores del procés y después de que se haya visto el descontento y malestar en toda Cataluña por el fallo judicial (no se olvidará y eso es lo correcto), le hemos oído decir recientemente que las sentencias «se acatan, y punto». ¿Perdón? ¿Cómo? Eso de tragarse las sentencias en seco habiendo tanta sospecha de ser articulada por imperativos de las consabidas «razones de Estado», resulta, como tantas veces, contubernio, y no justicia. ¿Es verdaderamente cierto que lo que surgió después de la dictadura es una «democracia»? ¿Un disimulo de democracia? ¿Está diciendo el fiscal que hay que acatar un contubernio? ¿La ley pretende el orden, o el escarmiento?

 

Pongámonos en la postura de demócratas y no en la de patriotas; hablamos de «justicia» y no banalicemos con su significado. ¿Realmente, sobre quién se aplica la ley? ¿Es, o debe ser inamovible la ley sobre los sujetos cambiantes de la sociedad a los que se aplica? ¿Es la sociedad la que tiene que acomodarse a la ley, y no al revés? En ocasiones, ¿podría tener algún parecido la ley con la tiranía? ¿Qué nivel de culpabilidad tiene un votante cualquiera del 1 de octubre de 2017 y un encausado y encarcelado por ello y por qué no todos están medidos por igual sentencia? ¡Que hay quien discute la justicia!, dirán algunos, los acostumbrados a no ser nunca discutidos. Y vaya razón es esa, la razón del simple poder, imponiéndose.

 

Para responder a estas preguntas deberíamos situar en primer lugar a la persona y no a un papel que de tan rígido y doctrinario sólo aguanta el dictado interesado del poder, ora a esta conveniencia, ora a otra según se le modifique con un Código Penal para «robagallinas» (la palabra es del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes). La voluntad —¡qué decir si además es ampliamente respaldada!—, ha de valer más que un papel, y no creemos que estemos fomentando anarquías ni desgobiernos, estamos hablando del empoderamiento humano, de adaptación de la ley, de la norma, a una armonización social que la demanda en demostraciones masivas de repulsa y rechazo.

 

La ley ha de adaptarse a la sociedad y más si la ley es y/o quiere parecer «inteligente» y pretende ser impartida y aceptada, no sobre una insignificancia (León, te tenemos en el recuerdo de tu ninguneo autonómico), sino sobre un volumen social que puede contradecirla, tiene el derecho de contradecirla y siente la obligación y el deber democrático de contradecirla por la disonancia que la propia ley, entendida ahora como inapropiada o vejatoria, proyecta en una sociedad ya mutada, que no trastornada, ni adoctrinada, ni mucho menos «violenta».

 

La ley vale lo que valga su aceptación social. Eso es lo «justo». No tiene otro precio ni otro «peso». Ni debería tener tampoco otro cometido. O esa justicia es injusta. El caviar, si nadie lo quiere, no vale nada: cero.

 

Tanta expresividad pacífica y democrática en la sociedad catalana no se llama ni debe llamarse «violencia», ni «terrorismo», sino «gentío que clama», una barbaridad de gente denunciando un déficit democrático a un Estado con poder, pero sin razón. Y cada vez con menos. Por eso su desenmascaramiento puede dar miedo, ¡a todos!

 

Les emplazamos hasta la próxima.

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