LEÓN ■ MEDIO AMBIENTE

152 municipios de León solicitan puntos de transferencia de residuos

La Diputación subvenciona la construcción de 240 plantas a las que destina 2,4 millones

El empeño de la Diputación de León, en colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para eliminar las cerca de 321 escombras ilegales repartidas por la provincia —que juntas suman una superficie total de 1.674.446 millones de metros cuadrados de residuos inertes de todo tipo—, va dando sus pasos.

Un total de 152 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia ya han solicitado formalmente albergar al menos uno de los 240 puntos de transferencia (PTR) de residuos urbanos proyectados por la institución provincial, y para los que ha destinado un montante de 2,4 millones de euros. El proyecto nace del acuerdo con la Junta de Castilla y León, que se encargará de sellar y restauran las escombreras incontroladas de la provincia, y que suma una inversión total de 11,9 millones de euros.

El diputado de Cooperación y SAM, Alfonso Arias, aseguró que la institución provincial está estudiando toda la documentación remitida por los ayuntamientos para que en la próxima junta de gobierno, que se celebrará el viernes, se aprueben definitivamente las ubicaciones de estos puntos de recogida.

Una vez autorizados los proyectos serán los ayuntamientos los que, bajo la supervisión de la institución, realizarán las obras para lo cual recibirán una subvención del 90% de los realmente ejecutado con una aportación máxima de la Diputación de 10.000 euros por cada punto, según consta en las bases publicadas el pasado 15 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia. Como requisitos, los ayuntamientos deberán ubicar el PTR en lugar viable urbanísticamente y comprometerse a la gestión de los residuos de conformidad con la normativa de aplicación, a través de una empresa autorizada en la gestión de este tipo de materiales procedentes de obras menores.

Alfonso Arias avanzó que «la Diputación ha elaborado una ordenanza para los ayuntamientos que finalmente alberguen alguno de estos puntos en la que se contempla la posibilidad de que a la hora de otorgar licencias municipales para la realización de obras menores cobren una pequeña tasa, de unos tres o cuatro euros, para financiar estos puntos de recogida y hacerlos sostenibles económicamente».

Para el diputado de Cooperación, este es un proyecto muy importante, ya que además de acabar con el eterno problema de los vertederos incontrolados, facilita la labor de los ayuntamientos, quien son los que realmente tienen la competencia para gestionar los residuos urbanos. «Cuando llegan las sanciones por verter residuos sin permisos, aunque se trate de un particular, el que tiene que hacer frente a la multa es el ayuntamiento, por lo que son los primeros interesados en regular esta actividad», matizó Arias.