El 24% de los ayuntamientos leoneses no rindieron ante el Consejo de Cuentas en 2020

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Un total de 51 ayuntamientos de los 211 que tiene la provincia, es decir, el 24%, no han presentado la liquidación de sus presupuestos ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el 2020, cuyo ejercicio se cerró el pasado mes de octubre. El dato es bastante menor al registrado en 2019, cuando no rindieron cuentas un total de 76 municipios leoneses, el 36%, en un año en el que el Consejo amplió el plazo de presentación de la documentación durante tres meses por la pandemia.

De todos los ayuntamientos incumplidores hay algunos reincidentes, que desde 2010 no han presentado sus cuentas en varios ejercicios. Los más acuciantes son Campazas y Villaornate y Castro, que no han rendido cuentas en nueve ocasiones, ya que solo presentaron la documentación requerida en 2015 y 2016. Por su parte, el Ayuntamiento de Crémenes no ha presentado sus cuentas en ocho ocasiones, sólo las formalizó en 2012, mientras que Cacabelos, Matallana de Torío y Peranzanes han incumplido con su obligación en seis ocasiones. En el ecuador están Castrocontrigo, La Pola de Gordón, Sobrado y Villarejo de Órbigo, que en los diez últimos años han presentado sus cuentas en cinco ocasiones.

El grado de incumplimiento en toda Castilla y León del año 2020 alcanza como media el 21%. La provincia más incumplidora es Segovia, con un 38% de ayuntamientos sin rendir, seguida de Valladolid, con el 26%, y León, que ocupa el tercer puesto en el grado de incumplimiento con el 24%. Le sigue en cuarto lugar Ávila, con el 21%, Soria y Burgos, con el 19%, Palencia con un 18%, Zamora con un 17% y Salamanca, que con un 15% es la que menos ayuntamientos incumplidores tiene.

El objetivo de esta fiscalización de mandato legal realizada anualmente por el Tribunal de Cuentas es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.

En principio, no rendir cuentas ante este órgano de la administración autonómica no tienen consecuencias más allá del deber democrático y la obligación que tienen como gestores públicos.

De hecho, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León celebrada el pasado mes de octubre, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, insistió en la necesidad de que sería conveniente que los ayuntamientos y entidades locales que no cumplan con su obligación de rendir cuentas sobre su situación económica se queden sin recibir ayudas y subvenciones públicas, hasta el punto de que ha pedido plasmarlo en una ley.

De hecho, Amilivia indicó que la institución que preside ha trasladado a los grupos parlamentarios una propuesta de proposición de ley para elevar el rango normativo de esta medida que, en su opinión, serviría para «estimular la rendición de cuentas».