El acuerdo para la Transición Justa tiene un grado de cumplimiento del 93% en tres años

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo para promover una Transición Justa frente al Cambio Climático 2018-2020, compuesta por representantes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de los agentes sociales CECALE, UGT y CCOO, ha evaluado el grado de cumplimiento de dicho acuerdo en estos tres años de vigencia y ha considerado que éste ha sido muy alto, con un porcentaje de cumplimiento global del 93,1 %. De las 29 medidas contempladas en las cuatro líneas estratégicas diseñadas se han llevado a cabo en 27 de ellas, con un total de 181 actuaciones. Las líneas estratégicas hacen referencia a la consecución de centros de trabajo más sostenibles, con la implicación de los trabajadores y la ciudadanía en general.

El Acuerdo para promover una Transición justa frente al Cambio Climático en 2018-2020 se firmó el 15 de febrero de 2018, con el fin de impulsar el desarrollo de un modelo de sostenibilidad que apueste por la mitigación y adaptación al cambio climático, garantizando una transición justa para las personas trabajadoras y las empresas que puedan verse afectados por los esfuerzos mundiales dirigidos a reducir las emisiones de carbono.

El objetivo general ha sido acelerar la modernización de los centros de trabajo adaptándonos a las exigencias y demandas tanto políticas como sociales en materia medioambiental y generar empleos verdes y de calidad, en un modelo de economía circular, baja en carbono.

Dicho Acuerdo se adoptó considerando la necesidad de luchar de manera decidida frente al cambio climático, en el marco de los cada vez más ambiciosos objetivos establecidos por las agendas mundiales y europeas, en el Acuerdo de París de 2015 y en el objetivo asumido por España de reducir emisiones en los sectores difusos del 26% para 2030 en relación con los niveles de 2005, en el ámbito del compromiso de la UE.

Sobre esta base, dicho Acuerdo, pionero en el ámbito de las Comunidades Autónoma, encuentra su base en la confluencia de intereses compartidos por parte de los agentes económicos y sociales y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el seno del Dialogo Social. En línea con ello, el Acuerdo expresa el compromiso de la Junta de Castilla y León y de los agentes económicos y sociales para promover un desarrollo sostenible a través de una transición justa que avance hacia una economía baja en carbono.

Para el desarrollo de las actuaciones, la Junta de Castilla y León ha aportado 450.000 euros en las tres anualidades, repartidos entre los tres agentes sociales.

181 actuaciones

Para el desarrollo de las cuatro líneas estratégicas se propusieron un total de 29 medidas, de las que se han realizado actuaciones en 27 de ellas, lo que supone un porcentaje de cumplimiento del 93,1 %. Además la Comisión de Seguimiento destaca que en determinados supuestos las medidas se han acometido no solo con una actuación sino con varios trabajos, con un total de 181 actuaciones.

Entre las actuaciones a destacar para conseguir centros de trabajo sostenible figuran entre otras, el impulso al emprendimiento verde, el fomento de la implantación de sistemas de gestión ambiental como el Emas o la ISO 14001, de modelos de producción limpia para reducir el uso de recursos naturales no renovables, la medición y registro de la huella de carbono, la compra pública verde, el ahorro y la eficiencia energética a todos los niveles, residencial, edificios, movilidad, industria, etc.

En cuanto a la investigación y diagnóstico, entre las actuaciones llevadas a cabo se encuentran el impulso a acuerdos entre la administración, las entidades científicas y educativas y el tejido empresarial para avanzar en la investigación y el conocimiento de nuevas herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático; el análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores verdes en la Comunidad de Castilla y León, impulsando posteriormente la creación de empleos verdes, por ejemplo en el aprovechamiento de los recursos forestales de la Comunidad, en especial, la biomasa para producción de energía; la difusión de las buenas prácticas sostenibles que se están realizando hasta el momento en las empresas, y hacer un diagnóstico de la situación de la sostenibilidad en los centros de trabajo y empresas del territorio y de las tendencias, que pueda aportar líneas de trabajo y posibilidades de implantación de una transición justa.

Para implicar a los trabajadores, las acciones propuestas en el Acuerdo han incluido ofrecer oportunidades de formación y capacitación encaminadas a la reconversión y el perfeccionamiento, incluidos las personas trabajadoras afectadas por la transición justa y un aprendizaje inicial en prácticas empresariales ecológicas y en tecnologías e innovaciones respetuosas con el medio ambiente; prestar especial atención a los puestos de trabajo y empresas que corren el riesgo de desaparecer en las zonas y los sectores afectados por el cambio climático, la degradación de los recursos y el cambio estructural y establecer planes de movilidad para que los traslados de las personas trabajadoras a sus centros de trabajo se hagan de forma sostenible y segura.

La última línea estratégica, implicar a la ciudadanía, ha contado con actuaciones encaminadas a fortalecer la corresponsabilidad de la ciudadanía y de las empresas a través de la educación ambiental, potenciando el transporte público y compartido, impulsando el consumo de productos más eficientes energéticamente, el ecoetiquetado de productos y servicios, favoreciendo sistemas de compromiso voluntario y compensación de emisiones… etc., fomentando participación de todos los sectores sociales, laborales y económicos en la elaboración de las estrategias, planes y programas ambientales de la Administración.

Futuro Acuerdo

La Comisión de Seguimiento ha valorado que, dado que esta primera fase 2018-2020 se ha visto condicionada por la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, es posible y deseable seguir avanzando en el impulso del desarrollo de un modelo de sostenibilidad que apueste por la mitigación y adaptación al cambio climático, garantizando una transición justa para las personas trabajadoras y las empresas que puedan verse afectados por los esfuerzos mundiales dirigidos a reducir las emisiones de carbono.

La Comisión recomienda, no obstante, una revisión de los objetivos específicos, y de las líneas estratégicas y las medidas previstas con un enfoque acorde al nuevo marco estratégico que existe a nivel europeo y nacional, y que se materializa en el Acuerdo de París, en la Agenda 2030, en el Pacto Verde Europeo, o en las nuevas políticas de adaptación al cambio climático, de calidad ambiental o de economía circular, etc.