La administración de 927 concejos leoneses depende de un vecino

A. Domingo | Redacción

La gestión del patrimonio y los servicios que prestan 927 juntas vecinales leonesas depende del vecino-secretario —figura que desaparece con el Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional—, según datos oficiales facilitados por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Los mismos datos apuntan a que tan sólo 108 —menos del 9% de las que existen en la provincia— cuentan con los servicios de un secretario-interventor con habilitación nacional y que en otras 32 las funciones de secretaría de la entidad de ámbito inferior al municipal las ejerce otro tipo de funcionario. El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación provincial atiende, según la federación, a medio centenar y otras 82 pedanías no habrían facilitado datos sobre quién asume estas labores.

Los datos se obtuvieron tras las últimas elecciones locales, celebradas a finales de mayo de 2015, si bien la federación provincial de concejos no cree que se haya producido una variación sustancial de las cifras en la actualidad. Cabe reseñar que, pese al carácter oficial de los datos, la suma de los casos contemplados —1.199— no alcanza al total de las pedanías existentes en la provincia en la actualidad —1.231, según los datos de la Dirección General de Administraciones Públicas—.

Como se ha conocido esta semana, el Ministerio de Hacienda y Función Pública considera que los vecinos que realizan labores de secretaría en las juntas vecinales mantendrán sus funciones hasta que expire el mandato, con los comicios que se celebrarán en la primavera del año que viene. Pese a que el camino hacia una secretaría en manos de un funcionario ya se abrió con anteriores reformas de la Administración local, como recogía la misiva remitida por la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, al presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo.

Los cambios en la norma

A pesar de la deriva legislativa que llevaría a una profesionalización de las secretarias, aún no se ha anunciado que la Comunidad autónoma vaya a adaptar la legislación local que le compete a la nueva realidad, pese a que en su territorio existan 2.233 de las 3.704 que se contabilizan en toda España —es decir, el 60% de los concejos españoles son castellanos o leoneses—.

Por el momento, al igual que en otras comunidades de España, el cambio legislativo en materia de Administración local no ha conseguido plasmarse en una organización estable que dote a los concejos de la garantía jurídica que incluso las mismas pedanías reclaman para sí. Es el caso de lo ocurrido con ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y la obligación de rendir cuentas de las juntas vecinales bajo pena de una posible desaparición. El elevado grado de cumplimiento que siguió de esta obligación tras conocerse las posibles consecuencia alcanzó cuotas nunca vistas antes, para desinflarse una vez que se comprobó que la desaparición es una posibilidad, pero no el resultado automático de omitir la rendición.

Otros territorios

Sin embargo, en otros territorios con un elevado número de entidades locales menores ya se trabaja en la reforma de la legislación sobre entidades locales. Es el caso de Navarra (con 346 concejos) y de Cantabria (con 519). En la primera, ya disponen de anteproyecto de ley, mientras que el Gobierno cántabro ha creado un grupo de trabajo para reformar la ley de entidades locales menores, vigente desde 1994.

En la Comunidad Foral, donde la secretaría intervención recae en un miembro de la junta del concejo, si bien algunos municipios ya disponen de una secretaría de concejos, la reforma en trámite obliga a las pedanías a disponer de servicio de secretaría e intervención, asignado por el Ayuntamiento o la Comarca —unidad administrativa en la que se encuadran—. La iniciativa legislativa parte de un Gobierno formado por los nacionalistas de Geroa Bai y EH Bildu, podemos y la coalición Izquierda-Ezkerra (IU-Batzarre).