Diario de León

El alcalde de Villablino admite ahora que hay diligencias abiertas contra él

El regidor había negado sistemáticamente que estuviera implicado en una causa judicial

Un momento del pleno de ayer. ARAUJO

Un momento del pleno de ayer. ARAUJO

Villablino

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El alcalde de Villablino, Mario Rivas, admitió ayer que hay diligencias abiertas «contra mi persona a nivel particular» aunque en declaraciones anteriores siempre ha negado sistemáticamente tener abierto «ningún procedimiento judicial». El regidor se pronunció así en el Pleno ordinario celebrado ayer, en el que ha añadido que «dentro de lo que marca la Constitución se me permite ejercer mi derecho a la defensa». El portavoz del Partido Popular, Roberto González, ha sido quien se ha dirigido a Rivas para preguntarle si «realmente investigado», tal y como informó adelantó Diario de León sobre su imputación por un delito de hurto de pastos por parte de la jueza de Villablino.

El edil popular le recriminó que en el anterior Pleno ordinario, celebrado el pasado día 7 de febrero, el alcalde les echara en cara que «para venir a los plenos hay que venir con el trabajo hecho» en referencia al informe jurídico que había encargado tan solo una semana antes para esquivar su responsabilidad al quedarse con fincas de Coto Minero Cantábrico que deberían haber revertido a Villablino. González le recordó que en el año 2016, el propio Rivas firmó una moción para exigir a los administradores concursales que revertieran al municipio las fincas de San Miguel de Laciana

Dada la fecha del informe, «cuando se hablaron de estos temas no habia ningún documento que hablara sobre la legalidad o ilegalidad» de estas adquisiciones, remarcó el portavoz del PP. Por su parte, Rivas insistió en que la cesión de las fincas no es al Ayuntamiento y que «no tiene que revertir absolutamente nada, en ningún convenio dice eso, solo a una comunidad de vecinos». Sobre el informe jurídico, se escudó en que ya había consultado «de forma verbal» a la secretaria porque «no todos los informes se piden por escrito» y «evidentemente ante lo que estaba aconteciendo se ha pedido que se ratificara ese informe de forma escrita».

En la sesión plenaria, también se debatió una moción presentada por Izquierda Unida presenta encaminada a defender una sanidad pública, que fue apoyada por el equipo de gobierno y Ciudadanos, a pesar de considerarla «genérica y con peticiones un poco utópicas», según destacó el concejal por Ciudadanos, José Ramón Fernández. El Partido Popular, en cambio, se abstuvo al considerar que «el texto está mal redactado, a destiempo y que es genérico y no específico para las necesidades del valle».

Para finalizar, Rivas anunció que están elaborando la ordenanza fiscal reguladora del espacio coworking que se desarrollará en el edificio polivalente de Caboalles de Arriba y que en ella «se hablará de la tasa y como se regula su funcionamiento», con un total de tres despachos y una sala de reuniones, así como trabajan en una sala de exposiciones.

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