Diario de León

Juicio por un delito ambiental en Nueva Julia

Alonso: «Las minas están sin restaurar porque el Gobierno cerró el sector»

El fiscal responsabiliza al empresario y al jefe de la explotación de los daños ambientales en Nueva Julia que han costado 25 M€ al erario público

Alonso, a la izquierda, y Santamaría, a la derecha, antes de comenzar el juicio, ayer en la Audiencia Provincial. RAMIRO

Alonso, a la izquierda, y Santamaría, a la derecha, antes de comenzar el juicio, ayer en la Audiencia Provincial. RAMIRO

León

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El empresario minero Victorino Alonso, que se enfrenta a ocho años de prisión por un delito ambiental continuado por la explotación del paraje Nueva Julia-La Mora, en Carillanes, desde 2007 al 2010, declaró ayer en la Audiencia Provincial de León, que la responsabilidad de que todas las minas a cielo abierto hayan quedado si restaurar es del Gobierno de España, que es en 2009 rompió todos los acuerdos con las empresas mineras, lo que las aboco a la extinción de todas ellas sin que pudieran cumplir los planes de restauración a los que tenían que hacer frente después de la explotación.

En las calificaciones recogidas por el Ministerio Fiscal se acusa tanto a Victorino Alonso como al jefe de la explotación en ese momento, Manuel Santamaría, de ser responsables de las decisiones tomadas por la empresa MSP, que más adelante se convirtió el CMC tras fusionarse con la Unión Minera del Norte, para la explotar a cielo abierto de forma «continuada e ininterrumpida» los parajes conocidos como La Mora y Julia en el término municipal de Cabrillanes entre los años 2007 y 2010.

Datos que no cuadran
De las 405 hectáreas explotadas, a razón de 1,3 millones de toneladas al año, solo se restauró una

Dicha explotación contaba con una declaración de impacto ambiental aprobada enagosto de 2003 para el desarrollo de su actividad, que permitía a la empresa explotar 278 hectáreas de terreno de forma directa para la extracción de carbón mientras que otras 127 hectáreas estarían dedicadas a labores de restauración sobre antiguas explotaciones de carbón ya abandonadas.

El Fiscal puso de manifiesto que tras las inspecciones realizadas tras abandonar la actividad en 2012, se comprobó que solo se había restaurado una hectárea, de las 405 que tiene la explotación, mientras que la extracción minera ascendía a 1,3 millones de toneladas al año.

Por este motivo, ha sido el Ministerio de Industria, en un 75%, y la Junta de Castilla y León, con un 25% restante, los que han tenido que hacer frente a los 24,3 millones de euros que están costando las labores de restauración llevadas a cabo en la zona por Tragsa, a los que el Fiscal hace responsables civiles a los dos acusados.

Alonso explicó durante el juicio que el sistema de extracción utilizado en Nueva Julia era de transferencia, es decir que con los estériles que se sacaban al hacer nuevos huecos para sacar carbón se tapaban automáticamente las zonas ya explotadas, por lo que la restauración era continua. «Al parar la actividad se paró la restauración», explicó.

Lo que en todo momento ha negado el empresario, que fue administrador único primero de MSP y luego de CMC hasta 2009, es que fuera responsable de las decisiones tomadas en las cortas, tales como solicitar permisos de explotación o restaurar o no una zona. «Los responsables en su caso son el director técnico y el facultativo de la explotación que era quienes diseñaban los planes de la mina, esos son los que tendrían que estar aquí hoy imputados, no yo», asegura el acusado, que afirmó que en aquella época era también presidente de Carbunión, por lo que la mayor parte de su actividad estaba en Madrid.

Alonso recordó que en sus empresas llegaron a trabajar diez mil trabajadores, con unos 200 directores técnicos, y que estaban todos a cargo de un director general y de uno facultativo, y explicó que era tan importante esta figura del director general que «si yo como administrador quería relevarle tenía que hablar con el ministro de Industria que estuviera en ese momento, porque el sector estaba muy politizado».

El empresario declaró que en 2009 dimitió de todos sus cargos en las empresas porque «estaba cansado de todo aquello», por lo que no es responsable de las decisiones tomadas, tampoco después de ese tiempo.

El otro acusado en la causa, Manuel Santamaría, declaró que él solo era responsable de la maquinaria de la explotación y que siempre cumplía órdenes del director facultativo. «Ni si quiera era parte de la empresa, sino que estaba por una subcontrata», explicó. En este sentido manifestó en todo momento desconocer los planes de restauración y afirmó que en todo el tiempo en el estuvo en Nueva Julia, nunca tuvo conocimiento de que se iniciara ningún expediente sancionador. Tampoco que causaran un dañó «tan grave» al medio ambiente, como apuntaba el Fiscal en todo momento. «Ya era un paisaje lunar cuando empezamos a explotar la zona, casi sin vegetación», explicó.

La defensa llamó a declarar al ingeniero forestal que por aquella época colaboraba con la empresa en materia medio ambiental.

El perito declaró que la empresa contaba con todos los permisos y que jamás recibió denuncia alguna de algún incumplimiento. Respecto a las labores de restauración, alegó que debido a la orden de cierre de la Junta, después de que Europa sancionara a España por permitir los cielos abiertos, no se pudo restaurar la zona, y que lo poco que se restauró fue lo que estaba especificado en los planes de labores, que se reportaban a la Junta. También negó que se contaminara la zona, ni que se produjera acidez en las aguas. Reconoció que la actividad minera siempre produce afecciones y que por eso se estipular unas medidas correctoras que fueron aplicadas en todo momento. «La recuperación total es imposible, se puede restaurar y rehabilitar», concluyó.

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