jueves. 06.10.2022
OTRO ANIVERSARIO A LA ESPERA DE LA JUSTICIA

Seis años sin respuestas para las víctimas de Tabliza

El 28 de octubre de 2013 seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa murieron por una invasión masiva de grisú. Las familias lamentan la lentitud de un proceso judicial que los abogados tachan ya de "tedioso"
Pozo Emilio del VAlle
El accidente se produjo el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle, en Tabliza. CASARES

«La instrucción está siendo absolutamente tediosa». Desde las acusaciones que llevan a cabo las familias de las víctimas se reconoce la sobrecarga del juzgado que lleva el caso, pero se lamenta la lentitud con la que avanza el procedimiento. Mañana lunes se cumplen seis años del accidente en el que murieron seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa por una invasión masiva de grisú en el taller de la planta 7 del Grupo Competidora. Otros ocho resultaron heridos. Y ni siquiera hay fecha para la celebración del juicio oral que debe determinar las responsabilidades del siniestro. «Ya ni nos atrevemos a aventurar cuándo podrá fijarse el juicio, en el último año apenas se han movido unos papeles. Hace un año pensábamos que a estas alturas ya todo estaría en marcha, pero ni se han fijado las vistas. Para las familias este proceso está resultando interminable», comenta uno de los abogados.


 

Con los escritos de las acusaciones y de las defensas presentados, a falta de la resolución de algunos recursos presentados por las defensas que los representantes de las víctimas consideran que «no deberían paralizar el procedimiento», está pendiente que se dé por concluida la fase de instrucción. El caso deberá pasar después a la competencia de enjuiciamiento, que señalará las vistas que considere necesarias con las pruebas propuestas por cada una de las partes.

 

Un juicio que en todo caso se basará principalmente en las pruebas periciales. Está el informe de la Junta de Castilla y León, los presentados por los peritos de parte y de contraparte.

 

La petición del fiscal es de tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los 16 encausados por el accidente, desde el presidente de la Vasco a los ingenieros y vigilantes. Les imputa seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y otros seis de lesiones. El fiscal considera que «todos ellos incumplieron la obligación que legalmente les incumbía de facilitar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores».

 

Su informe incide en que el accidente era «previsible y evitable», y se produjo «debido a que los trabajos de explotación del taller se estaban realizando por los mineros en condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad». Considera que el accidente «tuvo su origen enel incumplimiento por parte de los acusados de las normas de seguridad». En 2009 la autoridad minera ya declaró el Macizo 7º entre las plantas 740 y 865 como sospechosas de desprendimientos instantáneos, y que la mina es de tercera categoría de grisú. Además, el taller presentaba un error topográfico, y tenía ventilación insuficiente e inadecuada. Por otro lado, la Disposición Interna de Seguridad se había aprobado 25 años antes y no se había adaptado a los «importantes cambios organizativos que había experimentado la empresa», lo que se tradujo en una «gran desorganización» de las responsabilidades.

 

La Hullera Vasco Leonesa alega que cumplió con todas las medidas de seguridad aplicables, de acuerdo con el proyecto de explotación aprobado; y atribuye el accidente a «un fenómeno imprevisible en su magnitud y consecuencias, consistente en una invasión masiva e intempestiva de gas grisú en los talleres». Califica el accidente «como un hecho desgraciado que debe ser analizado en la vía civil o laboral», pero no por la vía penal.

 

Por lo que se refiere al Servicio Territorial de Industria, su informe señala que el accidente se produjo por «la creación en el avance de la explotación de un hueco en el post-taller no controlado». Y advierte de que la empresa «no contaba con una Disposición Interna de Seguridad para trabajar en zonas vírgenes sin minados superiores»; y que carecía de «un procedimiento seguro para el trabajo en estas zonas».

 

Los informes periciales señalan que había indicios de riesgo por la alta concentración de metano en capa, además de un macizo de protección entre los pozos 7 y 9 que favorecía la existencia de sobretensiones.

 

Más allá, los incidentes se habían sucedido con anterioridad en el macizo en el que murieron los mineros, debido a la excesiva concentración de metano. Los avisos indicaban que se estaba desprendiendo mucho metano y que existía una bóveda, pero «no se tomaron las medidas suficientes». Ni se tuvieron en cuenta de forma reiterada los datos de monitorización ambiental que evidenciaban deficiencias de una ventilación «manifiestamente mejorable». Estos informes concluyen que «no se ejercieron adecuadamente las funciones en materia de seguridad y salud laboral».

Seis años sin respuestas para las víctimas de Tabliza
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