Diario de León

Apagar incendios en la era de la crisis climática

UGT reclama una ley adaptada a la realidad del calentamiento global

Agentes de la brigada forestal de Tabuyo dentro del helicóptero  que los traslada a un incendio.

Agentes de la brigada forestal de Tabuyo dentro del helicóptero que los traslada a un incendio.

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DIARIO DE LEÓN | ICAL

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Una ley de incendios forestales, con una estructura organizativa, asignación de personal y dotación presupuestaria acorde a la nueva realidad del cambio climático, ha exigido este martes el sindicato UGT para garantizar una adecuada gestión del fuego en la Comunidad.

Los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informan de la menor densidad de lluvias en la autonomía durante el mes de mayo, entre un 30 y 50 por ciento, así como un aumento medio de la temperatura de cinco grados, ha esgrimido Ricardo Vallecillo, responsable autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) y agente medioambiental en Burgos.

Ha recordado que durante los pasados meses de mayo y junio, de elevada sequía, los medios dispuestos por la administración autonómica han figurado entre el 20 y 30 por ciento, una proporción que se elevará a partir del 1 de julio con la entrada en vigor de la temporada de incendios forestales.

El dispositivo de 1.600 personas para la prevención y extinción de incendios, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, "no está disponible al cien por cien todos los días", ha explicado durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid, "un truco" porque existen turnos de descanso, ha apostillado.

El representante sindical ha detectado otras "anomalías" como el funcionamiento de los centros provinciales de mando sólo durante el día en una época (mayo-junio) en que la humedad relativa "ha sido muy baja" con escasas precipitaciones.

La escasez de lluvia durante las últimas semanas, algo inusual hace años y que ha atribuido al cambio climático, obliga a una reestructuración organizativa, distribución de medios terrestres y aéreos y a una asignación presupuestaria adecuados, todo lo cual exige en su opinión una ley de incendios que "es competencia de la Junta de Castilla y León".

Vallecillo ha avisado también de la inminente jubilación, en un horizonte medio, de unos 250 agentes medioambientales de los 750 censados en la actualidad y que a su juicio debería rondar sobre el millar, para lo cual ha reclamado también la regulación de la categoría de bombero forestal y una reforma de la relación de puestos de trabajo (RTP) del sector.

La falta de preparación de los agentes, para ahorra combustible, y la ausencia de cuadrillas suficientes para rentabilizar el alquiler de las horas de vuelo de los helicópteros y de los buldózer, también ha lamentado el representante sindical.

"La falta de planificación de la Junta es bastante notoria", ha argumentado con el ejemplo del incendio de Hoyo de Pinares (Ávila) del pasado 3 y 4 de junio, que en su opinión fue elevado por la administración autonómica al Nivel 2 (en una escala de 0 a 3) "no por la gravedad del mismo, sino por la escasez de medios" para sofocarlo, lo que precisó de ayuda estatal y de otras comunidades limítrofes.

Vallecillo se ha referido a Extremadura como un modelo que, con situaciones climáticas muy similares a las de Castilla y León, ya ha dispuesto todos sus medios al cien por cien desde hace varias semanas.

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