domingo 05.04.2020
ANÁLISIS

Apagón en la alta tensión Sama-Velilla

Era una evidencia a voces que los colectivos contrarios a la línea llevaban años gritando, pero ha sido la realidad económica y energética la que se ha impuesto. Veinte años de polémica y un proyecto en el cajón.

Ahora sí está escrito. La línea de alta tensión entre Sama de Langreo, en Asturias, y Velilla del Río Carrión, en Palencia, que sacrificaba sobre todos los espacios protegidos medioambientalmente de la montaña leonesa, no es una prioridad del Gobierno. Ni tiene dinero para acometerla, ni la considera necesaria. Atrás quedan, al menos de momento, veinte años de proyectos, contraproyectos, argumentaciones a favor y en contra y una abultadísima carpeta con 27.000 alegaciones presentadas contra el último de los trazados, contestadas por Red Eléctrica y que duermen el sueño de la burocracia desde hace más de tres años en los cajones del Ministerio de Medio Ambiente.

Un retraso en la gestión que en la práctica daba la razón a los argumentos económicos (que desde hace años vienen dotando de mayor sentido a los medioambientales) que se han esgrimido reiteradamente contra la construcción de la gran autopista eléctrica: no es necesaria. Ni Asturias es el gran polo energético que soñó Vicente Areces ni el consumo energético nacional va precisamente por los derroteros de necesitar más potencia. Más bien al contrario, en los dos casos.

El Gobierno publicó esta semana la lista de las 80 infraestructuras energéticas que considera «críticas» hasta el 2016. Y la Sama-Velilla no está. Es más, si con el tiempo quiere recuperarse, REE tendrá que justificar de nuevo la necesidad de una inversión multimillonaria con un coste social y ambiental todavía más elevado.

Enfrente no sólo tiene los argumentos de los casi 200 colectivos que se han ido sumando a la causa contra la gran autopista eléctrica. Informes de todo tipo realizados por destacadas personalidades del mundo energético, los propios informes de Red Eléctrica y sobre todo la Comisión Nacional de la Energía han ratificado en los últimos meses que España está en una situación de sobrecapacidad de generación, que buena parte de las infraestructuras en funcionamiento están aún infrautilizadas y que el mallado y la fortaleza de la red de líneas de transporte es prácticamente perfecta.

Desde luego, están muy lejos los argumentos que pusieron en marcha un proyecto cuyo camino es una sucesión de tropiezos. Los intentos de Asturias de hacer de la exportación eléctrica uno de sus grandes pilares económicos vienen ya de los años 80, y comenzaron a materializarse a finales de los 90, con el inicio de la construcción de la primera línea, paralizada por la justicia en el 2003.

Un año después los gobiernos de Asturias y León acordaron un nuevo proyecto, con una inversión entonces de 40 millones de euros (a los que habría que sumar enormes cantidades en indemnizaciones) y 124 kilómetros de trazado, de los que 88 transcurren por zonas protegidas de la montaña leonesa.

El gran proyecto de Areces manejaba cantidades mucho más ambiciosas: una inversión de más de 3.000 millones de euros en la regasificadora del puerto del Musel, y cinco centrales de ciclo combinado, una planta de carbón en Aboño y más de veinte parques eólicos. Una macroinfraestructura energética para la que exigió vías de evacuación hacia el Este y hacia el Oeste (una inaugurada en el 2011, la otra en ejecución), además de reforzar las que ya le conectaban con León, que siguen en funcionamiento.

De aquel macroproyecto queda la interminable obra del puerto gijonés, con sus continuas ampliaciones de presupuesto; y la recomendación de la CNE de que la regasificadora no se lleve a cabo porque las otras cinco que ya operan en España lo hacen en un porcentaje muy inferior a su capacidad.

Las empresas eléctricas que iban a llevar a cabo la red de térmicas nuevas hace tiempo que se echaron atrás. No están los tiempos para invertir. Y no van a tener el gas cerca, al menos de momento. Además, las centrales de ciclo combinado que operan en la actualidad lo hacen a menos del 50% de su capacidad real.

La cobertura de un hipotético incremento de demanda estaría más que cubierta, pero además el Gobierno sigue abonando los pagos por capacidad, pagos a las térmicas que no están en funcionamiento porque la demanda del país es baja o se cubre con otras energías, pero tienen que estar listas por si las siempre imprevisibles renovables fallan y se requiere producción inmediata.

Apagón en la alta tensión Sama-Velilla