La ‘aparición’ de los seguros de dos ingenieros acusados retrasa de nuevo el inicio de la vista

Dos de los ingenieros acusados por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, y lesiones graves a otros ocho trabajadores, tienen contratados seguros de responsabilidad civil que respaldarían las indemnizaciones solicitadas por las acusaciones del caso, y cuyos datos y compañías no han sido incluidos en la fase de instrucción del largo proceso judicial llevado a cabo hasta ahora. Una circunstancia que plantearon ayer en la fase de cuestiones previas al inicio del juicio oral varios abogados de las acusaciones de las víctimas, que solicitaron que se requiriera a la compañía aseguradora (Mapfre) información sobre las pólizas en las que se dio parte del accidente; y se recabara la información necesaria para conocer cuántos de los acusados contaban con seguros que pudieran respaldar el coste de las responsabilidades civiles por el accidente.

Una petición que provocó la suspensión de la vista oral, que debía haber comenzado ayer en el Juzgado de lo Penal 2 después de siete años y medio desde que ocurrió el accidente. Un largo periplo judicial que suma ahora un nuevo capítulo de retrasos. La magistrada decidió la suspensión y solicitó el envío urgente del requerimiento a la compañía de seguros, con la intención de comunicar cuanto antes el reinicio de la toma de declaraciones a más de 80 personas, que tenía fijadas 21 sesiones y que ahora tendrá que replantearse de nuevo.

Fuentes judiciales señalaban ayer que el retraso puede prolongarse, toda vez que la inclusión de la aseguradora como responsable civil subsidiaria supondrá retrotraer la instrucción al inicio para que la compañía pueda argumentar su defensa. Tanto el fiscal como las acusaciones deberán modificar sus escritos de acusación.

Tanto acusaciones como defensas rechazaron iniciar la toma de declaraciones hasta que se presente toda la documentación y procedimientos solicitados en estas cuestiones previas. Los representantes de los mineros fallecidos y heridos recordaron que ya durante la fase de instrucción se había requerido a los acusados que comunicaran si disponían de seguros de este tipo, aunque finalmente esta información no se incorporó al procedimiento.

Intereses

Tampoco se presentó, a pesar de haber recibido la comunicación del accidente según señalaron los letrados, la empresa aseguradora. Ello a pesar de que legalmente si en el plazo de dos no abona la indemnización a las víctimas, se acumula un interés del 20% anual. Y las acusaciones reclaman una indemnización conjunta que supera los dos millones de euros.

La sala habilitada para la celebración de la vista oral, con los abogados.  RAMIRO

Los ingenieros José Eliseo Solís y José Marcos Ulecia fueron los únicos de los 16 acusados que reconocieron contar con un seguro de responsabilidad civil. Este último, contratado en un empleo posterior al de la Vasco, pero que cubre su responsabilidad al haber sido imputado después de contratarlo.

La jueza preguntó uno por uno al resto de los acusados, incluidos los tres miembros del consejo de administración de la empresa. Todos ellos negaron contar con seguro alguno que cubra las circunstancias del accidente.

En todo caso, y a pesar de que el nuevo retraso en el proceso provocó la ira de las familias de las víctimas que esperaban a las puertas del juzgado, los abogados señalaban ayer que la personación de la compañía aseguradora permitirá cubrir las indemnizaciones que se solicitan. De no ser así, y seguir el procedimiento, podría darse el caso de cerrar el proceso sobre las responsabilidades penales que el accidente, pero que quedaran pendientes las civiles. «Y eso no haría sino alargar la agonía de las familias. Han esperado siete años y medio, es mejor llevar a cabo todo el proceso y garantizar que se resuelvan todos sus derechos», comentaba al término del juicio uno de los letrados.

Malestar

En cualquier caso, las partes han mostrado su malestar porque en la larga fase de instrucción no se haya vigilado la incorporación de los seguros de los ingenieros imputados, como se había solicitado hace años. De hecho, una de las letradas recordó que en julio de 2015, durante el interrogatorio a los encausados en la instrucción, se requirió ya la presentación de los seguros de que dispusieran los ingenieros. Cosa que finalmente no se hizo. Hasta que horas antes de iniciarse la vista oral la circunstancia se comunicó a los abogados, que la pusieron en conocimiento de la jueza.

Seis rosas rojas en la puerta de los juzgados recordaban a los fallecidos.  RAMIRO

Por su parte las defensas han rechazado que se inicie el interrogatorio de los acusados antes de cumplir con este requerimiento, porque consideran la situación «una anomalía» y que va contra el derecho a la defensa de sus representados.

El fiscal también respaldó que «lo correcto» era suspender la vista oral para comprobar la existencia de los seguros y contactar con la aseguradora antes de tomar las declaraciones, «lo que deberá hacerse con la mayor celeridad».

De momento el juicio oral ha quedado suspendido sin fecha para retomarse, que será comunicada por la magistrada.