Aprecian un delito ecológico en la obra de Alonso que arrasó una cueva neolítica

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca que instaba a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a que formulasen acusaciones y solicitaran la apertura de juicio oral contra el empresario minero leonés Victorino Alonso por arrasar una yacimiento arqueológico de época neolítica en la cueva de Chaves no parece haber satisfecho ni a la defensa del imputado ni a las acusaciones particulares, que ejercen Ecologistas en Acción, el Gobierno de Aragón y la Asociación de Acción Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). Todos han recurrido la decisión que cierra la instrucción y será finalmente la Audiencia Provincial de Huesca la que decida sobre el procesamiento de Alonso.

La defensa porque alega que Alonso no tenía conocimiento de lo sucedido y los acusadores porque el instructor sólo aprecia un delito contra el patrimonio y creen que también lo hubo contra el medio ambiente, según explicó la letrada de la Apudepa, Pilar Villellas. También discrepan por el sobreseimiento de la causa para los administradores de la empresa propietaria de la finca de la que ejecutó las obras «era el señor Alonso el dueño y señor del coto», lo que no implica que los administradores no participaran en los hechos. Tampoco hay acuerdo con la valoración de los daños.

Apudepa se adhiere al recurso de reforma y subsidiario de Apelación del Ejecutivo aragonés y de la organización ecologista y solicita que se amplíe la imputación a los administradores de Fimbas, S.A., mercantil propietaria del coto de caza Bastarás, en el municipio oscense de Casbas de Huesca. Éste conocía «la importancia de la cueva Chaves», según sus declaraciones, y «tenía, al menos la obligación de la protección» o de avisar a las autoridades si la destrucción del yacimiento arqueológico se hubiera realizado sin su consentimiento.

El tipo de participación

«Aunque pudiera actuar bajo las órdenes del señor Alonso era consciente en todo momento de lo que se hacía en la cueva, estuvo de acuerdo e incluso pudo participar [...] como autor, cómplice o cooperador necesario, por lo que debería ser imputado por la posible comisión de un delito contra el patrimonio», señala el recurso de Apudepa sobre el directivo de Fimbas.

En cuanto al administrador de Ferpi, S.A., la que ejecutó las obras en el coto, en la instrucción se acredita que fue esta empresa la que ejecutó las obras «sin contar con ningún tipo de permiso del Gobierno de Aragón, pese a ser conocedor del mismo puesto que actuaba dentro de un yacimiento arqueológico, ubicado dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y sin que en ningún momento haya manifestado que actuaba bajo las órdenes de un tercero».

Apudepa se adhiere a la solicitud de las otras acusaciones particulares de ampliar la imputación contra Alonso y los administradores de Fimbas y Ferpi por delito medioambiental, ya que las actuaciones precisaban evaluar el impacto ambiental por afectar a un parque natural y una Zona de Especial Protección para las Aves (zepa) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

En cuanto a la petición de responsabilidad civil, Apudepa estima el daño causado al patrimonio histórico en 50.981.610 euros, cantidad que determina un informe pericial. Los 14,3 millones del auto obedecen a una tasación «que no consideró ni valoró la presencia de otros niveles arqueológicos». Además, el perito considera el «gran potencial expositivo e interpretativo» de los vestigios», que se añade al valor meramente económico de los destruido.