Asaja calcula que las fotovoltaicas ya quieren ocupar 7.148 ha de cultivos
El sindicato denuncia que las juntas vecinales se embolsarían 6 M€ en alquileres de fincas
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León rechazó ayer una vez más la expulsión de las tierras que suponen los cuatro nuevos parques de energía eléctrica fotovoltaica —y sus instalaciones de evacuación— proyectados en la provincia tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León, de la información pública relativa a la autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental.
«Se trata de cuatro proyectos promovidos por otras tantas sociedades limitadas con el mismo domicilio social en la ciudad de Sevilla, que pretenden ocupar con placas fotovoltaicas 736 hectáreas de cultivo, la mayoría de titularidad de las juntas vecinales, en los municipios de Benavides de Órbigo, Villares de Órbigo, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo y Villamejil», recuerda la organización en una nota de prensa en la que detalla que con estos nuevos proyectos son ya 47 los presentados en la provincia de León con estas características, sumando un total de 7.148 hectáreas de cultivo, 3,3 millones de kilowatios de potencia instalada, y una inversión anunciada de 1.700 millones de euros.
«Si estos proyectos saliesen adelante, generarían rentas anuales a las juntas vecinales por el alquiler de las tierras de unos seis millones de euros», precisa Asaja, quien reitera su rechazo a estos proyectos que «expulsan a los agricultores y ganaderos locales de las fincas de cultivo y pastos que vienen aprovechando durante toda su vida laboral».
Además, según estima, «se hace sin indemnización alguna ni ofrecer otra alternativa de vida». «A la ocupación de las tierras de cultivo se suma el daño que ocasiona la red de evacuación de la energía, que en ocasiones se transporta decenas de kilómetros atravesando fincas incluso de regadío y ocasionando así perjuicios importantes por la colocación de los postes de fijación y por la servidumbre del vuelo de los tendidos», subraya, la organización agraria, que sigue presentando alegaciones a todos los proyectos que ven la luz, lamenta que tanto las autoridades locales –juntas vecinales y ayuntamientos—, como la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, estén «poniendo alfombra roja» a las empresas y grandes capitales que promueven estos macroparques fotovoltaicos, despreciando las quejas y problemas de los agricultores y ganaderos y de los vecinos de los pueblos afectados.