Asaja pide una recuperación amplia y con continuidad de las ayudas a zonas desfavorecidas
El sindicato agrario reclama que se marque un compromiso en la nueva PAC
La organización agraria Asaja reclamó ayer una recuperación «amplia y con continuidad» de la ayuda a zonas desfavorecidas, después de que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural anunciara que unas 18.000 explotaciones más recibirán este apoyo, al incluir ahora las ubicadas en zonas «con limitaciones naturales»
La recuperación de las conocidas en el sector como ayudas a «zonas desfavorecidas», para las explotaciones ubicadas en zonas «con limitaciones naturales distintas a la de montaña», es para Asaja una de las principales novedades del presupuesto 2021 presentado ayer por la tarde a las organizaciones profesionales agrarias por el consejero.
Asaja ha considerado en un comunicado que la reactivación de esta ayuda «es de justicia», porque fue eliminada sin justificación desde que comenzó a aplicarse el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, pese a estar previsto en el mismo e incluso contar con una partida consignada.
Tras esta recuperación tardía de la ayuda, ausente sin justificación durante seis convocatorias, Asaja espera que se consolide en 2021 y 2022, los dos años transitorios que quedan hasta la entrada en vigor del siguiente PDR, «y que se marque un compromiso de permanencia en la nueva PAC, para que no vuelva a desaparecer atendiendo a criterios de interés político», ha subrayado esta organización.
18.000 explotaciones
Las ayudas, a partir de ahora denominadas ayudas dirigidas a explotaciones con limitaciones naturales distintas a las de montaña (para diferenciarlas de las que llegan a áreas de montaña, que sí han permanecido en los últimos años), contarán con una partida consignada de 16 millones de euros en 2021. Según las estimaciones de la Junta, llegarían a cerca de 18.000 explotaciones agrícolas y ganaderas.
Respecto a la aplicación de esta ayuda, el sindicato agrario considera que debe estar vinculada en exclusiva a agricultores y ganaderos profesionales —aquellos que coticen por su actividad agraria en la Seguridad Social, y que al menos un 50 por ciento de sus ingresos procedan del sector—.