Ascel demanda a Ribera por ignorar la protección del lobo al norte del Duero

La organización ecologista Ascel ha interpuesto un Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el Ministerio de la Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Ribera «ante la negativa (por silencio administrativo) del Gobierno a proteger al lobo».

Según señala en un comunicado, «la protección surge de nuestra iniciativa (pionera en España y fechada ya en octubre de 2019), que avalaba técnica y legalmente la protección nacional del lobo, propuesta que tuvo el respaldo unánime de un Comité Científico en 2020». «Desde entonces, el Ministerio no ha cumplido sus obligaciones, con el burdo pretexto de la oposición de las Comunidades Autónomas», añade la organización, que recuerda que el procedimiento administrativo suponía proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). «El ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas, a pesar del previo Dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable (y unánime) para incorporar al lobo en el RD 139/2011. Ese paso por dicha Comisión es requisito sine quaen non para tramitar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la inclusión del lobo en el listado protegido», añade Ascel, que critica la «hipocresía» sobre el lobo del actual Gobierno. «Sí se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno», añade el comunicado. Pero el trámite nunca se completó, y la orden no se firmó. Por tanto, «cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el BOE es engañar a la ciudadanía y prolongar sine die una decisión que solo compete al Gobierno Central». Y sin publicación en el BOE no hay protección de lobos, perpetuándose el actual modelo, añade.