Rechazo unánime de los ayuntamientos de Picos a la propuesta del Gobierno por las indemnizaciones de caza

Los ayuntamientos de Oseja de Sajambre y de Posada de Valdeón y las juntas vecinales del Real Concejo de Valdeón, de Caín y de Santa Marina de Valdeón, han acordado en sus corporaciones rechazar la indemnización propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica y solicitar la apertura de un proceso negociador . Así lo han explicado hoy en una nota de prensa conjunta. 

Las cinco administraciones públicas titulares de terrenos con derechos cinegéticos en el Parque Nacional de Picos de Europa y que se ven afectadas por la prohibición de cazar en los Parques Nacionales , que se hizo efectiva el pasado mes de octubre de 2020, habían solicitado en diciembre al ministerio que procediese al pago de la compensación económica por la pérdida de dichos ingresos. A esta solicitud acompañaron un informe en el que "se hizo una detallada valoración de cuál debía ser la indemnización para cada una de las entidades locales afectadas, teniendo en cuenta la superficie qué cada una tiene dentro del Parque Nacional. Todos esos terrenos eran Reserva Regional de caza por lo que siempre han tenido una gestión pública, desde la transferencia de competencias fue de gestión autonómica", explican en la nota.

En la última semana las cinco entidades locales recibieron el informe en el que el Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Miteco, establece cuáles son las cifras que entiende deben percibir los ayuntamientos y juntas vecinales leonesas. También se otorgaba el plazo de 10 días para manifestar la conformidad con dicha tasación.

 

Rechazo unánime

"De forma unánime todas las administraciones locales de León han aprobado en sus plenos que la valoración que hace el Ministerio es muy inferior a la que entienden es adecuada a la importancia y a los ingresos que deben percibir por la prohibición definitiva de la caza. En el informe elaborado para los ayuntamientos y juntas vecinales de León se obtuvo una indemnización global superior a los 46 millones de euros , ya que después de analizar los ingresos en los últimos 20 años, se realizó una media ponderada (teniendo en cuenta que en los últimos años hubo unos ingresos muy inferiores a lo normal), actualizando dichos datos con el IPC y procediendo a capitalizar los mismos y aplicándoles unos coeficientes que también se prevén en la legislación estatal de expropiación forzosa.

Sin embargo, los informes elaborados por el ministerio se quedan muy por debajo de las indemnizaciones que solicitaron las entidades leonesas ya que la suma de todas las compensaciones que ofrece el ministerio es de la cuarta parte, superando apenas los 9 millones de euros. Debe recordarse que los ingresos que perciben los ayuntamientos y las juntas vecinales por la caza son esenciales para mantener la prestación de los servicios públicos en estos municipios.

La prohibición de cazar en los parques nacionales se impuso por ley y supone que el Estado se apropia definitivamente de los derechos cinegéticos, por lo que esos ingresos se pierden indefinidamente para las Administraciones territoriales leonesas. Debe advertirse también que estos ingresos están afectando ya gravemente a las cuentas de estas administraciones públicas. Hasta hace una semana no se conocía el criterio del Miteco para valorar esta indemnización, "lo que está complicando severamente la elaboración de los presupuestos de estos entes locales leoneses".

 

Compensar adecuadamente

"Los alcaldes de las cinco entidades hacen conjuntamente un llamamiento a todos los responsables políticos para que adopten todas las medidas posibles para compensar adecuadamente la grave pérdida de ingresos directos que tienen estas administraciones ; además del grave perjuicio que produce en estos territorios el hecho de perder una actividad económica que mantenía otros puestos de trabajo directa e indirectamente vinculados con la caza" , explican en el comunicado.

"El hecho de que nos encontremos en un territorio no solo muy despoblado sino con graves problemas de accesibilidad exige un esfuerzo adicional para compensar las pérdidas en ingresos y en actividad económica en la zona", explican. En este sentido, todos los alcaldes exigen la apertura de un proceso negociador con el Ministerio que permita acercar posturas. Proceso negociador para el cual piden el apoyo expreso no solo de la Junta de Castilla y León, con claras competencias en la materia, sino también del resto de instancias administrativas y políticas de la provincia de León.