El blindaje del lobo frena las ayudas por daños a ganaderías de Riaño, Mampodre y Ancares

El nuevo estatus otorgado al lobo por el Gobierno, una vez incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial el pasado mes de septiembre, impide que los daños causados sean indemnizados.

Esta circunstancia supone, de acuerdo con la normativa autonómica, que los daños generados por este animal en los terrenos cinegéticos al norte del Duero de los que la Comunidad Autónoma es titular dejen de ser compensados al ganadero.

En Castilla y León hay en la actualidad diez Reservas Regionales de Caza que estarían afectadas por esta situación: Sierra de Gredos, Sierra de la Demanda, Ancares Leoneses, Mampodre, Riaño, Fuentes Carrionas, Las Batuecas, Urbión, Sierra de La Culebra y Lagunas de Villafáfila.

La Orden FYM/288/2017 relativa a la compensación derivada de los daños a la agricultura y ganadería en los terrenos cinegéticos de titularidad autonómica se limita a las especies cazables, condición que ya no atañe al lobo, tras la orden del Miteco.

Este hecho ha sido denunciado por Coag Castilla y León, que apunta además que la Orden MAM/1751/2005 que regula las ayudas de la franquicia de los seguros por daños de lobo al norte del Duero tampoco se aplica en estos espacios, pues excluye de esta posibilidad a los daños soportados en los terrenos cuya responsabilidad corresponde a la Junta de Castilla y León.

Es decir, actualmente, conforme la normativa vigente de aplicación, los daños por ataques de lobo en las explotaciones ganaderas situadas en reservas de caza no cuentan con ninguna posibilidad de indemnización pública.

«Esta circunstancia es fruto de la improvisación, el desatino, la falta de rigor técnico, de descoordinación y de falta de sensibilidad con el sector ganadero por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nace desde una motivación puramente ideológica en el Ministerio», censura dicha OPA.

Y consecuencias aún más graves conlleva que las meramente indemnizatorias, pues como se establece en la Orden TED/980/2021, solamente se justificaría el control de los ejemplares de lobo que provocan los daños con sus ataques cuando el ganadero demuestre que las medidas de protección adoptadas han resultado ineficaces o que existen perjuicios importantes y recurrentes.

Estos criterios, añade la OPA, suponen de hecho que ningún lobo será capturado o extraído en Castilla y León, aun cuando provoque cuantiosos daños en las explotaciones ganaderas. O bien se capturarán cuando no exista rebaño que proteger.

Ante estos hechos, Coag solicita de la Junta de Castilla y León la sensibilidad necesaria con el sector ganadero para que «no se produzcan casos de indefensión de éstos ante los ataques de lobo a sus rebaños». Para ello, propone que, con carácter retroactivo al 22 de septiembre de 2021 y hasta que se resuelva el contencioso, se reconozcan medidas de compensación de daños, ampliando al norte del Duero los pagos compensatorios ya establecidos para los terrenos situados al sur de este río (Orden FYM/461/2016), sin necesidad de contar con seguro que cubra dicha contingencia.

Señala también que la Junta de Castilla y León podría establecer, con carácter retroactivo y de forma transitoria, ayudas específicas por daños en terrenos cinegéticos de su titularidad ocasionados por especies no cazables como el lobo, pues ya existe línea similar como la contemplada para la avutarda en la Reserva Natural de Villafáfila (Orden FYM/1009/2016).

Por último, Coag exige a la ministra Teresa Rivera la publicación urgente de las ayudas prometidas, por importe de veinte millones de euros, para compensar los daños que ocasione el lobo una vez que este depredador ha dejado de ser considerado especie cazable.