Cantabria reclama que los gobiernos autonómicos asuman la gestión de la especie
La consejera de la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, pidió en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) que los gobiernos autonómicos tengan la última palabra en la gestión del lobo, ante la escalada de ataques que, según denunció, sufren las reses de ganadería extensiva.
Fernández Viaña instó al CdR a elaborar una resolución que fije que las regiones de la Unión Europea (UE) sean «las que decidan sobre qué medidas se permiten para garantizar la adecuada conservación del lobo y su perfecta coexistencia con la ganadería extensiva», según dijo en una reunión de trabajo del grupo liberal Renew.
Para ella, este conflicto está «directamente relacionado con la correcta aplicación del principio de subsidiariedad», ya que, en su opinión, las administraciones locales y regionales conocen mejor que los Estados «el alcance de la situación».
«Solo a nivel local somos conscientes del sufrimiento de nuestros ganaderos y del impacto que los ataques de los grandes carnívoros tienen sobre el desarrollo de su actividad y sobre el futuro de nuestras zonas rurales», aseveró.
Actualmente, el lobo es una especie protegida en España y en el conjunto de la UE en virtud de la Directiva de Hábitats, una norma que la semana pasada el pleno del Parlamento Europeo se abrió a reformar con el objetivo de proteger los intereses de los ganaderos, en la línea de lo que piden regiones como Cantabria.
«Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria son las cuatro comunidades que albergan la mayor parte de los ejemplares de lobo en España.