domingo. 29.01.2023

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, consideró ayer «radicalmente injusto» que España sólo reciba el 4 por ciento de los fondos europeos para la transición justa cuando, según ha rememorado, la minería, clausurada «sin alternativas» previas por el Gobierno de la nación, ha reprochado, tuvo mayor presencia.

De este modo ha respondido Fernández Carriedo al procurador de UPL José Ramón García Fernández que ha reclamado acciones a la Junta de Castilla y León para la reindustrialización de la comarca de Laciana con un llamamiento expreso a que «no la dejen morir». ¿Dónde está el Ponfeblino?», se ha preguntado a modo de ejemplo pare recordar que las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de una zona «que ha aportado mucho económica y energéticamente al país» y que tiene grandes potencialidades y riqueza».

Tras reconocer que está de acuerdo con el análisis de la situación de la comarca leonesa realizado por el procurador de UPL, el consejero ha ironizado sobre el «salto mortal» de García al pretender «culpar de todo» al Gobierno autonómico que, según ha rememorado, se pronunció en contra del «cierre precipitado e injusto» de la minería del carbón fruto de un «error en el orden de los factores» ya que, según ha explicado, habría que haber buscado alternativas antes de los cierres.

El consejero ha considerado además que otra de las consecuencias de los cierres de la minería es el actual encarecimiento de la factura energética en España.

En su exposición, García puso de manifiesto «las grandes potencialidades» que tiene esta comarca como son «el turismo, la gastronomía, la industria agroalimentaria, los servicios a las personas dependientes o la riqueza forestal». Por este motivo, insistió en la necesidad de que pongan en marcha «infraestructuras tantas veces prometidas».

El procurador berciano insistió que «es una comarca envejecida, aislada y empobrecida» como consecuencia de las malas políticas que se han desarrolladas por parte de la Junta y que dejan «desamparados» a la sociedad lacianiega.

Carriedo culpa al Gobierno de la situación en Laciana
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