Censos y carga de trabajo marcarán el cierre de las unidades veterinarias

Tras dejarse en punto muerto en la primavera del 2013, la reestructuración de los servicios territoriales de la Consejería de Agricultura y Ganadería, , las secciones agrarias comarcales (SAC) y de las unidades de desarrollo agrario (UDA) y de la unidades veterinarias (UV) vuelve a la actualidad, después de que entre los funcionarios afectados haya circulado en el último mes y medio una propuesta que firma el secretario general del departamento, Juan Zapatero, remitida a principios de julio a la directora general de Atención al ciudadano, Calidad y Modernización de la Consejería de Hacienda.

Los cambios suponen la desaparición de dos secciones comarcales en la Comunidad, pasando de 52 a 50 —en León existen 9—. Por su parte, las 118 UDA —19 en la provincia— desaparecen para crearse 50 Unidades Agrícolas Comarcales (tantas como SAC), que prestarían las mismas funciones que las entidades que se supriman en un ámbito comarcal y se establecen seis condiciones que marcarán, si se materializa la propuesta, la continuidad de las 103 unidades veterinarias existentes —en León prestan sus servicios 16 de éstas—.

En total se eliminan 85 unidades de desarrollo agrario y veterinarias, el 41% de las que existen, con una reducción del gasto total cuantificada en 219.287,87 euros. La reestructuración se justifica en los quince años que han transcurrido sin cambiar un modelo que se considera caduco.

Para mantenerse abiertas, las unidades veterinarias deben contar con un mínimo de 350 ganaderos, 496 explotaciones, un censo de 10.828 unidades de ganado mayor (UGM), al menos 13.760 unidades de carga de trabajo, 4.633 actuaciones que exijan la presencia del ganadero y 207 en las que no sea precisa. La reforma afectará a las unidades que se encuentren por debajo de al menos cuatro de los seis mínimos y que no sean propias de la SAC, ya que éstas se integrarán en las Unidad Veterinaria Comarcal.

El documento señala que la propuesta se ha analizado con la Dirección General de Producción Agrupecuaria y Desarrollo Rural «por su especial incidencia» en el control de las enfermedades de declaración obligatoria y con los servicios territoriales.

El documento ha servido de defensa a la Consejería de Agricultura en un procedimiento contencioso-administrativo presentado ante la no convocatorio de concursos de traslados de ingenieros agrícolas. Sin embargo, los pocos meses que faltan para el final de la legislatura plantea dudas sobre su aplicación antes de las elecciones del último domingo de mayo.