El Común da la razón al Ayuntamiento y le insta a recuperar la vivienda social

El Procurador del Común, Tomás Quintana, da la razón al Ayuntamiento de Laguna Dalga y le insta a recuperar la vivienda municipal anexa a la casa consistorial, conocida como ‘casa del secretario’, y sacarla a concurso público para que cualquier vecino, en igualdad de condiciones, tenga derecho a acceder a ella.

La polémica surgió el pasado mes de diciembre cuando la UPL denunció que el alcalde, Eloy Bailez (PP), por una «represalia política» dejaba en la calle a la familia que desde el año 2005 venía ocupando la citada vivienda. Una familia cuya madre era, precisamente, concejala de UPL en el consistorio. El portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Fermín Ferrero, llegó a afirmar entonces en una nota de prensa que se trataba de un «desahucio encubierto e injustificado que sólo tiene una motivación política».

Ahora el Procurador del Común viene a quitarle la razón y dársela de forma muy clara al Ayuntamiento. Después de recabar numerosa información sobre el caso y ateniéndose a la legislación vigente, en su resolución, Tomás Quintana, señala al Ayuntamiento que «atendiendo a su obligación legal de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes, respecto a la vivienda anexa a la casa consistorial de Laguna Dalga, de titularidad municipal, se sugiere: Primero: que por parte de esa corporación se realicen todos los trámites necesarios en orden a recuperar la posesión del bien público al que se hace alusión en esta resolución, acudiendo al correspondiente desahucio administrativo (artículo 120 y ss RBEL). Segundo: que se valore la posibilidad de iniciar una nueva concesión, ajustándose para ello estrictamente al procedimiento previsto a la naturaleza jurídica del bien y teniendo en cuenta las posibles incompatibilidades para contratar previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (respecto a los cargos electos, alcaldes y concejales, así como sus cónyuges y descendientes). Y tercero: En el nuevo procedimiento se considere como prioritario la adjudicación de la vivienda a personas y familias que sufran una situación de necesidad residencial, otorgando a quienes estuvieran interesados un tratamiento igualitario y no discriminatorio, ajustando su actuación al principio de transparencia y legalidad».

El Procurador del Común refleja también en su resolución que la «ocupación de la vivienda (...) es en la actualidad un precario administrativo (...) Actualmente la situación de ocupación de la vivienda se realiza sin que exista título jurídico legítimamente de uso del inmueble (arrendamiento u otra forma de cesión de uso), puesto que, según la entidad local, ‘a los actuales propietarios se les comunicó el vencimiento del contrato de arrendamiento el 13 de noviembre de 2019, vencimiento que tendría lugar el día 14 de febrero de 2020, según contrato, pero a este Ayuntamiento a día de hoy (13 de mayo) no le ha sido entregada la llave de inmueble y, sin embargo, ya han dejado de pagar la luz y la renta desde enero; todo esto sin ninguna actuación a mayores por parte de este Ayuntamiento. Insistimos. Este Ayuntamiento la única actuación que ha hecho es notificar la finalización de un contrato, hecho que los inquilinos han aprovechado para dejar de pagar la renta, dejar de pagar la luz y el resto de gastos de la vivienda’».