Las comunidades denunciarán en Europa la «usurpación» de sus competencias con el lobo

Respaldados por el propio presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, los consejeros de medio ambiente de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, que concentarn el 95% de la población de lobos en España, mantuvieron ayer un encuentro en Santander para diseñar la batalla legal que emprenderán contra el Gobierno central tras publicar la orden que protege a la especie en todo el territorio nacional y que impide su caza.

Para empezar, ya ha pedido medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE).

Además, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo «va en sentido contrario» a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es «estrictamente protegida» pero al norte es «gestionable». Así, creen que desde el Gobierno central «han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya».

Con estas actuaciones las comunidades, que mantendrán en las próximas semanas reuniones periódicas para abordar este asunto, confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una «tropelía» contra los ganaderos que «también va en contra de la propia especie».

Así lo han dicho los consejeros responsables del área de las cuatro comunidades y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, Coag, Asaja y UPA, presentes también en el encuentro.

En concreto, el titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha recibido en la sede de la Consejería a sus homólogos Alejandro Calvo (Asturias), Angeles Vázquez (Galicia) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León); así como a Pedro Barato (Asaja), Charo Arredondo (Coag) y Román Santallana (UPA).

Los consejeros han pedido «justicia y coherencia» para buscar la «coexistencia» entre el lobo y la ganadería extensiva y han confiado en que los tribunales les concedan las medidas cautelares solicitadas para poder seguir aplicando sus planes de gestión de la especie.

En este sentido, han asegurado que aunque se hagan controles de población lobera y «extracción» de ejemplares, esos planes ayudan a mantener la especie, ya que desde que se gestiona se encuentra en un estado «favorable» y con mayor presencia que en zonas en las que está más protegida, han subrayado los consejeros tras destacar su «unidad de acción», a pesar de formar parte de partidos políticos diferentes, por «la defensa de nuestro territorio y nuestra forma de vida».

Además, aunque han criticado el «desprecio» mostrado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia el mundo rural, han apelado nuevamente al «consenso» y le han pedido que «no tenga miedo al diálogo», porque una medida así «no se puede decidir de forma autoritaria y despreciando a los territorios».

«Nuestro objetivo ni muchísimo menos es acabar con el lobo», ha reiterado el consejero cántabro, que se ha mostrado «indignado» con las declaraciones de la ministra en las que alude a la «falta de diálogo» de las comunidades. También ha mostrado «profunda decepción» con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que trasladó su apoyo a los ganaderos en su visita a Cantabria pero «ha olvidado hasta lo que su propio Ministerio había pedido a Ribera».

En la misma línea, su homóloga gallega ha apuntado que la orden ministerial está «repleta de incoherencias» y de «falta de motivación científica», y ha destacado que gracias a estas cuatro comunidades afectadas «España puede presumir en Europa de que conserva al lobo».

En este sentido, el consejero de Castilla y León remarc que la nueva orden «lo que hace es cargarse el modelo» que ha permitido su conservación, algo de lo que «el Ministerio tendría que lucirse».

Y desde Asturias, Calvo ha remarcado la situación de «gran inseguridad jurídica» para aplicar esos planes de gestión y ha pedido «no alimentar la polarización» y «comprometerse con un equilibrio» entre las ciudades y el medio rural.

Por su parte, las principales Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han avanzado que también van a recurrir judicialmente la orden porque es un «atropello» contra el sector ganadero y el mundo rural, han anunciado movilizaciones en la calle y han vuelto a solicitar la dimisión de la ministra Ribera si no «rectifica».

Asaja, Coag y UPA, que han insistido en la necesidad de dialogar, van a mantener una nueva reunión en la que se determinará qué medida «contundente» van a adoptar frente a esta «tropelía» del Ministerio, a la que se sumarán «muchas» organizaciones.