El consistorio sigue sin demoler las construcciones ilegales

El Juzgado de lo Contencioso nº 2 de León ordenó el pasado mes de abril al Ayuntamiento de Brazuelo a la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que condenó el 12 de junio de 2020 al consistorio maragato a demoler varias edificaciones construidas ilegalmente por el empresario A.C.C. en la pedanía de Pradorrey en el margen derecho de la carretera Nacional VI, en el punto kilométrico 329.

Dicha sentencia debió ejecutarse voluntariamente en el plazo máximo de dos meses desde su firmeza y haberse demolido las construcciones ilegalizables sin autorización de uso de suelo no urbanizables, pero pese a reclamarle el juzgado la ejecución forzosa, el consistorio por el momento sigue sin demoler dichas construcciones.

Desde el Ayuntamiento de Brazuelo, recientemente se pidió que se le aumentara el plazo para acometer dicha demolición alegando que tenía que consignar dinero en el presupuesto para ejecutar la sentencia.

No obstante, en una resolución el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de León señala que no ha lugar a conceder la prórroga solicitada por el Ayuntamiento el 1 de junio y, argumenta que «no existe dato económico alguno del Ayuntamiento del que se desprenda que no posee crédito presupuestario para la ejecución de la demolición (de algo más de 17.000 euros), cuando de conformidad con la sentencia a ejecutar tendría que haberse instado en su caso la modificación presupuestaria a finales del año 2020, siendo la actual petición de carácter meramente dilatorio de la ejecución». Además, apunta que el consistorio no ha acreditado ningún trámite para la contratación de la demolición.