Las Cortes frenan la propuesta del PSOE para los parques de bomberos

Las Cortes de Castilla y León, con los votos del PP, Cs y Vox, rechazaron ayer la tramitación de la proposición de ley reguladora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunidad, cuya aprobación fue defendida por el PSOE, promotor de la iniciativa que preveía la creación de un consorcio para coordinar los parques de bomberos existentes y su profesionalización.

El procurador socialista José Luis Vázquez fue el encargado de defender el texto ante el Pleno de las Cortes, donde lamentó la «pérdida de una oportunidad histórica» para regular esta materia que «enfrenta» a los territorios de la Comunidad por la diversidad de formas de la prestación de este servicio de emergencia y «afrenta al medio rural».

Vázquez insistió en la necesidad de promover una profesionalización de los servicios de bomberos existentes, para que los voluntarios sean un complemento pero no sustitutos de plazas que deberían estar ocupadas por profesionales, del mismo modo que ocurre en otros sectores esenciales como la sanidad o la educación, hasta el punto de preguntar si sería admisible que en los centros de salud hubiera fontaneros en lugar de médicos o enfermeros.

Con un grupo de representantes de la Plataforma de Bomberos Profesionales de la Comunidad concentrados ante las puertas de las Cortes, el procurador socialista alertó de que el Plan Sectorial propuesto por la Junta para evitar regular por ley esta materia insiste en los «sistemáticos incumplimientos» de las normas vigentes y sirve para «precarizar y privatizar este servicio esencial público».

Vázquez rechazó los informes presentados por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento, porque en el primer caso la falta de presupuesto es algo subsanable y en el segundo llega a la «falsedad en documento público» y a la «mala intención», al lanzar acusaciones de «deficiencias» legislativas que «sonroja».

En el transcurso del debate, el rechazo a la iniciativa ha llegado por voz de los representantes del PP, Cs y Vox, cuyos portavoces han rechazado apoyar la iniciativa, apoyados en argumentos similares a las críticas planteadas por la Junta en los mencionados informes, mientras que ha obtenido el apoyo del representante de UPL, secundado después en la votación por Podemos, mientras que el representante de Por Ávila se abstuvo, al igual que la procuradora no adscrita María Montero.

En el caso del Grupo Popular, el procurador Jesús Ángel Pelegrina criticó que los socialistas «mezclen un poco todo» con una «falta de coherencia interna y externa» y sin «rigor jurídico», al entender que de ser aprobada esta norma se vulneraría el Estatuto de Autonomía, que prevé que sean los ayuntamientos los titulares de esta competencia y no la Junta.

Además, Pelegrina considera que la iniciativa del PSOE evidencia que no ha tenido en cuenta las limitaciones presupuestarias existentes entre las administraciones que tendrían que poner en marcha estos servicios profesionalizados, ya que más allá de las ayudas que podrían llegar ahora de Europa, luego habría que mantenerlos.

Por su parte, Francisco Javier Panizo, con argumentos similares a los expresados por el PP, afirmó que esta iniciativa hace «un flaco favor al sector y a esta Comunidad», además de incluir «inexactitudes e incoherencias».

Desde el Grupo Mixto, la representante de Vox, Fátima Pinacho, consideró que es «muy necesario llevar a cabo la regulación» de este servicio, pero rechazó la «agenda progre 2030» del PSOE, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos criticó la situación actual de este servicio, con diferencias entre provincias y con «vaivenes» que no han servido para mejorar la situación en los últimos años.