Las Cortes instan a que se tenga en cuenta la sequía la actual

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con los votos a favor de los grupos PP, Vox y UPL-Soria Ya, una iniciativa presentada por el Grupo Popular para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno Central a «renegociar» el convenio de Albufeira que regula el caudal mínimo que deben llegar a Portugal en los ríos transfronterizos.

La proposición no de ley aprobada insta a que no se vuelvan a producir situaciones como la actual, en la que los dos mayores embalses de la cuenca hidrográfica del Duero español, el de Almendra sobre el río Tormes y el de Ricobayo en el río Esla, se encuentran en niveles mínimos, según expuso el procurador encargado de defender esta medida este miércoles ante el pleno, Óscar Reguera.

El popular explicó que la iniciativa insta a que, si existen negociaciones con Portugal para modificar los términos del convenio de Albufeira, en éstas tengan en cuenta las circunstancias hídricas de sequía actual, ya que el convenio ha sido aplicado «tarde y mal». También reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que adopte medidas cautelares ante el vaciado de esos dos embalses y el riesgo que puede suponer para el abastecimiento de poblaciones.

Del mismo modo, la iniciativa solicita indemnizaciones para los vecinos y empresarios afectados por las sueltas de agua hacia Portugal desde esos dos pantanos y que se les resarza por los perjuicios que les han supuesto.

El PP planteó además en la propuesta que se diseñe un nuevo plan hidrológico nacional y otro para la cuenca del Duero que estén orientados a un uso eficiente del agua y a habilitar reservas hídricas para los periodos de carencia, aunque esta propuesta contó con el voto negativo de UPL-Soria Ya, además de la abstención del resto de la oposición.

Asimismo, esta iniciativa sumó un quinto punto a propuesta del grupo Vox por el que se piden garantías para que el agua «vuelva a ser una riqueza nacional» y se tomen medidas contra las empresas hidroeléctricas que antepongan sus intereses empresariales, con los desembalses, frente a la de los ciudadanos y, en tal caso, se «revisen sus licencias».

Empresas beneficiadas

En contra de todas esta medidas se ha posicionado el Grupo Socialista, aunque finalmente se abstuvo, bajo el argumento de que «el agua no es de nadie. Es de todos», tal y como defendió el procurador Javier Campos de la Fuente, quien recordó que este convenio fue aprobado por el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

«No mienten la soga en casa del ahorcado», respondió el socialista sobre los beneficios que obtuvo Iberdrola con estos desembalses e instó al Partido Popular y a Vox a dirigirse directamente a la empresa sobre esta cuestión.