Las cuencas defienden que si no hubo ejecución es porque no llegó el dinero

La Asociación de Comarcas Mineras valoró ayer en Oviedo la fiscalización de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras realizada por el Tribunal de Cuentas, aunque considera que el «caso singular» del geriátrico de Felechosa, en Asturias, donde no hubo «control» y se detectaron numerosas irregularidades en la tramitación y adjudicación de la obra, no implica que se tenga que asumir que la gestión de los fondos mineros fue «un desastre» porque sirvieron para «mucho» en los municipios y no se pueden «demonizar».

El presidente de Acom, y alcalde de Villablino, Mario Rivas, quiso ayer puntualizar que «el periodo objeto de la fiscalización, 1998-2005, finalizó hace ya 15 años, tras una ejecución de los mismos del 53%, lo que pone en tela de juicio la efectiva reactivación prometida con estos fondos en nuestros municipios», según el regidor socialista, «no por no haber gestionado bien o mal las ayudas, sino porque las ayudas no llegaron para poder gestionarlas». Aun así, explica que lo poco que llegó, justamente se ha empleado para «dignificar nuestros territorios» con la dotación de unos servicios básicos y actuaciones de mejora en las infraestructuras. Saneamientos, restauraciones medioambientales, aceras, depuradoras, fueron según Rivas, obras y servicios que «mientras en otros municipios españoles se financiaban desde la comunidades con fondos propios, en nuestros municipios se han hecho con fondos mineros, no existiendo una adicionalidad en las ayudas en nuestros territorios, concepto que desafortunadamente no trata el Tribunal de Cuentas en su informe».

El Tribunal de Cuentas también aprecia una falta de planificación estratégica en las actuaciones. «Desde los ayuntamientos mineros somos conscientes de ello y tal situación ha sido reiteradamente advertida por Acom ante los organismos competentes en la gestión de las ayudas», afirma el presidente de la asociación. En relación a esto, Rivas explica que desde 2018 colaboran estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas, al objeto de planificar y redirigir la gestión de los fondos hacia nuevos modelos de gestión estratégica territorial que garanticen una mejor dinamización de las economías locales, tanto en términos de desarrollo sostenible como en términos de creación de empleo, partiendo como base de la elaboración de Planes Estratégicos comarcales donde se impliquen a todos los agentes sociales que interactúan con el territorio.

Acom España, desde hace tiempo, ha venido reclamando a las administraciones públicas implicadas, la necesidad de definir criterios y objetivos de planificación estratégica tomando como base la construcción de indicadores estadísticos homogéneos, comparables y adecuados a la realidad municipal para la evaluación, seguimiento y control del impacto socioeconómico en los territorios. Al respecto, plantean la necesidad, contemplada incluso con dotación presupuestaria en los distintos planes, de poner en marcha y de forma específica una oficina estadística u observatorio de datos para el análisis cualitativo y cuantitativo de los planes estratégicos y las actuaciones.

Sobre la falta de criterio para la priorización de actuaciones objeto de financiación, el Tribunal de Cuentas menciona en concreto a Asturias y Aragón, donde se empleó como indicador para el reparto de los fondos municipales la población municipal según datos INE, a partir del cual se calculaba un porcentaje de ayudas a recibir por ayuntamiento que posteriormente se aprobaba por unanimidad entre todos los alcaldes en la Comisión Ejecutiva de Acom. «Obviamente es un criterio mejorable, pero existía al menos un criterio de reparto», afirma Rivas que explica que «en Castilla y León y en Aragón, la influencia de los ayuntamientos en las decisiones de las Mesas Regionales de Fondos Mineros, era testimonial, incluso inexistente en Aragón, por lo que no podemos pronunciarnos al respecto».

Sobre los defectos en la tramitación del procedimiento administrativo, como plazos fuera del límite legal para la firma de convenios que provocaban la caducidad de los mismos antes de su firma, retraso en los pagos de los convenios, inseguridad jurídica y normativa confusa y variable de un plan a otro, desde Acom comparten las apreciaciones hechas por Tribunal de Cuentas, las cuales han denunciado de forma continuada. «Para solucionar estos errores de tramitación, en la actualidad estamos colaborando estrechamente las tres administraciones implicadas», apunta el presidente.

Respecto a la falta de representación en las Mesas de Decisión, Acom ha demandado siempre que los municipios han de estar presentes en los órganos de decisión como ente territorial reconocido constitucionalmente y directamente afectado en la aplicación de los Planes, careciendo de sentido su ausencia en los órganos de máxima decisión.