Diario de León

La cuestionada voluntad de don Paco

Mieres adquirió Pinos en 1926 por 415.600 pesetas con una carga impuesta por Sierra y Pambley: el derecho de los babianos a subir ganado y aprovechar la leña.

Las instalaciones de Casa Mieres han estado en el punto de mira de los pedáneos por ilegales.

Las instalaciones de Casa Mieres han estado en el punto de mira de los pedáneos por ilegales.

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pilar infiesta | redacción
León

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Los mapas sitúan los extraordinarios pastos babianos de Pinos en tierra leonesa. Sin embargo, el dibujo comenzó a diluirse hace 87 años, cuando el Ayuntamiento de Mieres adquirió esas 900 hectáreas. Si la tinta no se ha borrado completamente del papel es gracias a la claúsula providencial que incluyó el acaudalado Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley en su testamento para salvaguardar los derechos de los vecinos en esas majadas, aunque la tierra cambiara de manos.

El matiz fue crucial, pero no ha impedido que se produzca un rifirrafe histórico entre los ganaderos de ambas vertientes por el uso de los emblemáticos 13 kilómetros cuadrados, que sirvieron de despensa a la curia de San Isidoro durante siete siglos. La disputa se agudizó hace siete años con el intento de Mieres de aprobar un reglamento de uso, que sirvió como detonante para unir a los babianos contra la presencia asturiana en Pinos e intentar recuperar el que parece el ‘Peñón de Gibraltar’ leonés a través de una expropiación.

León ‘perdió’ esas tierras el 20 de agosto de 1926 en el despacho del notario Emiliano Javier Migota Valdés. En su mesa se sentaban, a un lado, la Fundación Sierra Pambley, que acudía a ratificar la venta en subasta de ‘la joya de la corona’ por una cantidad inalcanzable para los agricultores de la zona de 415.600 pesetas. Y en el otro, el astuto alcalde de Mieres, José Sela, que no dudó en sacrificar el presupuesto municipal para obtener los pastos y solucionar con ellos el grave problema que habían ocasionado los tribunales a la cabaña ganadera del Caudal al negarles los pastos en altura de Pola de Lena.

La titularidad de Pinos pasaba así a ser asturiana, pero con cargas a respetar, gracias al heredero más famoso de la saga Sierra-Pambley, don Paco , que había cedido Pinos a la Fundación familiar antes de morir en Madrid el 26 de enero de 1915, a los 88 años de edad. Su testamento incluía la famosa claúsula que reconoce el derecho de pasto de Candemuela, Villargusán, San Emiliano y Pinos en los puertos de Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla, Los Navares y Vega de Gorgaveros, en agradecimiento por los favores que habían dispensado los cuatro pueblos leoneses a su ganado merino trashumante de 2.000 cabezas.

El número sí importa

La capacidad escriturada del conjunto de los puertos es de 5.050 ovejas y unas 630 vacas, lo que ha generado el principal problema, ya que León acusa a los mierenses de sobreexplotar los pastos con hasta 2.800 animales algunos años. También se han producido tiranteces por quién sube antes las reses. Las cuatro juntas vecinales y la Asociación Montañas de Babia y Luna denuncian desde el 2006 que el ayuntamiento asturiano ejerce competencias públicas en suelo de otra comunidad, lo que supone «una colonización y un conflicto grave de extraterritorialidad», afirma el abogado de las pedanías, Carlos González-Antón. Este letrado insistente, que ha logrado cerrar los cielos abiertos de Victorino Alonso y paralizar el reglamento que quería imponer Mieres, ha ejercido de martillo ante la Junta, la CHD y el Ayuntamiento de San Emiliano desde entonces para que solucionen las supuestas irregularidades en Pinos, como la minicentral que funcionó sin concesión de la Confederación, los vallados ilegales, una treintena de construcciones sin licencia para alojar a los ganaderos asturianos, el abandono de cadáveres de animales en simas incumpliendo la normativa, el prindaje de animales sin competencia, la ilegalidad de Casa Mieres y la presencia de policías locales armados en territorio de Castilla y León. De momento, las autoridades han hecho oídos sordos a muchas de esas cuestiones, lo que les deja como única salida la vía judicial.

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