Diario de León

Un debate abierto para fijar un plan único con las 17 comunidades

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Los agricultores y ganaderos perceptores de la Política Agraria Común (PAC) en España están sujetos este año a las mismas reglas del periodo 2014-2020, mientras sigue en marcha la negociación del plan estratégico para aplicar la nueva PAC a partir de 2023.

Un 30 por ciento de los ingresos de los perceptores proviene de la renta agraria, un porcentaje que el ministerio maneja a la hora de definir al agricultor profesional, figura que se beneficiará de los pagos directos con la nueva PAC.

Este es uno de los principales asuntos que el Ejecutivo deberá debatir con las comunidades autónomas y el sector agrario.

Unos 300.000 pequeños agricultores y ganaderos pueden quedarse fuera de esa categoría por ingresos, por lo que el Gobierno ha propuesto un régimen especial que otorgue ayudas adicionales a estos productores.

Por otro lado, el plan estratégico nacional, que deberá presentarse formalmente a la Comisión Europea a finales de 2021, está estructurado en torno a nueve objetivos. Se trata de asegurar ingresos justos, elevar la competitividad, reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medioambiente, conservar la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener vivas las zonas rurales y proteger la calidad de los alimentos, además del objetivo transversal de modernizar el sector agrario mediante el conocimiento, la innovación y la digitalización.

Una importante novedad son las mayores exigencias para lograr una producción sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y las estrategias de la Comisión Europea de biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’.

Respecto a los ecoesquemas, ayudas vinculadas a la sostenibilidad ambiental, se ha propuesto vincular las ayudas al fomento de los sumideros de carbono, las cubiertas vegetales, la mejor fertilidad de los suelos y la agricultura de precisión, entre otras acciones.

El Gobierno también ha debatido con las autonomías lo relativo a las ayudas asociadas a la producción en ciertos sectores, como la ganadería extensiva, y a los programas especiales para el vino, las frutas y hortalizas, y la apicultura.

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