miércoles. 30.11.2022

Tanto la defensa de Victorino Alonso como la de Manuel Santamaría pidieron la libre absolución de los acusados, en el caso del empresario, porque «como administrador de la empresa no es responsable de las decisiones que se toman en ella, para eso esta la figura del director general y del facultativo», y en el caso del jefe de mina, porque «ni siquiera formaba parte de la empresa, era un subcontratado, que no tenía capacidad de decisión alguna, y que obedecía las órdenes, precisamente del director general». De hecho las defensas manifestaron no entender «porque no habían sido imputado a los directores geneal y facultativo, ya que es él quien debería dar todas las explicaciones de las actividades llevadas a cabo en la explotación».

Lo que sí han dejado claro es que «no hay ni una sola prueba de cargo contra los acusados, ya que ni la Fiscalía ni la acusación han aportado ni una suela prueba de que haya daño ambiental, ni siquiera análisis de agua», que sí aportó la defensa y que no contempló en 2019 contaminación superficial alguna. El abogado de la defensa aseguró que todas la licencias y permisos estaban en vigor, a excepción de las 19 hectáreas que se ocuparon ya que «se entendió como una continuidad de la actividad, con permiso de la Junta Vecinal, y unca con fines extractivos sino para reparar unas grietas ocasionadas por una mina de interior posterior, que ocasionaba peligrosas grietas de hasta cien metros de profundidad».

El abogado, que asegura que cuando la empresa entró en Nueva Julia el terreno era «ya lunar por las exploitaciones anteriores», defendió que si no se restauró más fue porque en 2012 un auto de la Junta de Castilla y León decretó el cierre de la explotación, un año después de que Europa condenara a España por permitir los cielos abiertos.

«Si se paró la extracción se paró la restauración», matiza.

Este es uno de los puntos más discutidos por el fiscal y la acusación, que apuntan a que «hubo tiempo de sobra restaurar antes del cierre, y que antes de eso la empresa ya casi no tenía actividad, –estaban en Erte– por lo que «no se puede atribuir al auto de la Junta a que no haya restauración».

Sobre la restauración el abogado de la defensa explicó que de las 250 hectáreas explotadas en Nueva Julia se habían sacado 135 millones de toneladas de material estéril , «con las que se podrían llanr 1.200 veces la plaza de toros con una altura de 30 metros», y que toda esa tierra se utilizó para restaurar Salguero, una explotación continua a Nueva Julia también propiedad de CMC. «Nuestra intención siempreha sido restaurar donde explotamos, por eso al acabar Salguero íbamos a seguir con Nueva Julia hasta que se decretó el cierre de la mina y no pudimos seguir», explicó el letrado.

Por último, el abogado de CMC, responsable subsidiario, declaró que la Junta ya ha cobrado el aval de dos millones de euros, y que la administración concursal de la empresa había destinado otros 15 millones para la posterior restauración de la mina. «Queremos que la sentencia especifique el daño real que se haya podido causar para fijar una indemnización más justa», concluyó.

La defensa: «No hay ni una sola prueba de cargo en este juicio»
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