Ecologistas y vecinos presentan 117 alegaciones a la macrogranja avícola

La asociación Valderrey Pueblo Unido ha recogido entre los vecinos de Valderrey 117 alegaciones (a las que hay que añadir las presentadas directamente por algunos vecinos) y más de 1.000 firmas a través de change.org, ha informado este lunes Ecologistas en Acción en un comunicado.

La asociación ha destacado que la cantidad de alegaciones supera en número a la cuarta parte de la población de este municipio de 445 habitantes y muestra el fuerte rechazo social que ha suscitado el proyecto de una macrogranja de porcino en la localidad de Bustos y un megaparque fotovoltaico de 800 hectáreas en los pueblos de La Sequeda.

Las alegaciones piden al alcalde del municipio de Valderrey, Gaspar Cuervo, que haciendo uso de sus competencias, informe negativamente del proyecto y «no engañe a sus vecinos entregando los recursos del pueblo al lucro de grandes empresas, cárnicas y energéticas», ha apuntado Ecologistas en Acción.

Asimismo, le recuerdan que si llegó a la Alcaldía de Valderrey fue porque «prometió en su programa electoral luchar contra la despoblación apoyando un modelo de desarrollo rural basado en actividades respetuosas con el medio ambiente.

Unas acciones que, a juicio de la asociación, nada tienen que ver con el desarrollismo intensivo que ahora propone.

Algunos negocios sostenibles, de reciente implantación en «La Sequeda» se verán amenazados por el impacto de la ganadería industrial (contaminación del agua, malos olores, degradación de la naturaleza y el paisaje) «una auténtica plaga que está invadiendo el medio rural y vaciando los pueblos», ha señalado Ecologistas.

Por su parte, la asociación ha pedido también que no se otorgue la declaración de impacto ambiental favorable, agrupando sus alegaciones en la falta de planificación del sector ganadero intensivo en Castilla y León y proliferación abusiva de este tipo de explotaciones, que provocan contaminación del aire por amoniaco y del agua por nitratos.

Las alegaciones también denuncian la ubicación inadecuada en suelo rústico a menos de quinientos metros de viviendas habitadas, poniendo en riesgo la calidad de vida de los vecinos.

LEY DE PREVENCIÓN ANIMAL

A lo que han sumado el incumplimiento de la Ley de Prevención Ambiental de CyL al no incorporar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) las mejores tecnologías disponibles para minimizar la contaminación y su transferencia de un medio a otro.

Unos incumplimientos a los que se unirían los que afectan a la Ley de impacto ambiental, siendo especialmente grave la omisión y falsedad del EIA en la descripción del uso del agua.

«Se prevé un consumo de 4,5 millones de litros al año, que podría ser todavía mayor pues no se ha tenido en cuenta el gasto en limpieza de instalaciones y vehículos, y que equivale al agua consumida por la población de Valderrey durante cuatro años», ha explicado Ecologistas.

Por último, Ecologistas ha apuntado un posible incumplimiento de la normativa del sector avícola al superar el proyecto la densidad de población establecida para la crianza de los pollos.

Asimismo, se ha solicitado que el EIA incorpore el Programa Higiénico Sanitario e informe sobre el consumo de antibióticos y otros fármacos.