Casi 14 M€ para salvar cables que disparan la electrocución de aves un 70%

La proliferación de infraestructuras energéticas en Castilla y León, auspiciada por los nuevos proyectos renovables, ha provocado el incremento de la red de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en las últimas décadas, tanto de transporte como de distribución, lo que agrava el ya de por sí preocupante problema de la electrocución de aves en el medio natural. Los tendidos eléctricos son la causa de muerte de multitud de especies de aves, tanto por colisión contra el cableado, como por electrocución en los apoyos eléctricos. 

Según datos de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León la mortalidad por electrocución se ha disparado en los últimos años hasta un 70%, pasado de las 162 aves recogidas en 2015 a las 551 en 2020, último año en que se registraron estos datos.

Sólo en la provincia de León, en 2020 se contabilizaron 244 aves rapaces electrocutadas, muchas de ellas en peligro de extinción.

Para frenar esta pérdida incalculable de biodiversidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente acordó en abril de 2021 aprobar los criterios de reparto y la distribución territorial de los 60 millones de euros de fondos con cargo al Plan para la Recuperación, Transformación y Resilencia para corregir este impacto. Según este reparto, Castilla y León recibirá  13,7 millones de euros para corregir un total de 4.591 apoyos eléctricos antes de mayor de 2026.

Fue en 2020 cuando la Junta de Castilla y León publicó la orden por la cual se declara a toda la comunidad zona de protección para la avifauna, lo que obliga a aplicar las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión en todo su territorio.

Según se especifica en esta orden, la mayor demanda de energía eléctrica asociada a la mejora de las condiciones sociales y el desarrollo industrial y rural ha supuesto el crecimiento de la red de líneas eléctricas aéreas de alta tensión tanto de transporte como de distribución. Como consecuencia de ello, se ha elevado su impacto sobre el medio ambiente. En Castilla y León confluyen además una serie de factores que hacen que estas infraestructuras adquieran especial envergadura, entre ellos el carácter de región netamente exportadora de energía eléctrica, el mantenimiento de una población muy dispersa que requiere una red de distribución muy extensa, y la compleja orografía que dificulta el trazado de las líneas en muchas zonas de montaña. Además, otro de los factores más importantes y que provoca una mayor mortalidad es el incremento exponencial del número de tendidos eléctricos derivados del aumento de la superficie de regadío en ciertas comarcas agrarias.

Según el libro Blanco de la Electrocución en España, el Miteco estima que mueren electrocutadas anualmente 39.000 aves, de las que 33.000 serían rapaces, mientras que la Fundación de Amigos del Águila  Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados (2018) calculó, basándose  en extrapolaciones, una mortalidad anual de entre 193.000 y 337.000 aves.

Entre 1990 y 2020 las comunidades autónomas han contabilizado 12.770 aves de 75 especies electrocutadas en tendidos eléctricos. Para los expertos, esta es  la punta del iceberg, ya que se estima que solo se localizan un 15% de los ejemplares afectados. Las más susceptibles  a la electrocución son las rapaces, que representan un 64 % del total de aves electrocutadas, de las cuales el 7% están catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables. Entre ellas se incluyen 268 águilas de Bonelli, 211 águilas imperiales y 316 milanos reales, por citar algunas de las más amenazadas. En números absolutos las especies que más frecuentemente mueren electrocutadas son el ratonero común, el búho real, el  cernícalo vulgar y el buitre leonado, así como cuervos y cigüeñas blancas.