La eliminación de residuos forestales supone un coste de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea
La ley residuos y suelos para una economía circular recoge que «con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario, lo que desde el primer momento levantó las críticas de los propietarios por la complejidad que supone la gestión de las autorizaciones excepcionales por razones de carácter fitosanitario (propagación de plagas) o en entornos silvícolas (para evitar incendios forestales).
La obligatoriedad de eliminar estos restos con los procesos que preveía la ley obligaba a costosas inversiones de tratamiento biológico, muy difíciles de afrontar ante la sequía y el encarecimiento de materias primas en las pequeñas explotaciones.
De hecho el tratamiento en grandes volúmenes puede subir los costes de 1.000 a 1.500 euros por hectárea. Según la asociación agraria Unión de Uniones la prohibición de quemas suponía grandes costes, en especial a los de dimensión más modesta, sin representar beneficios ambientales reales. «Sabemos que ha habido mucha información contradictoria durante todo el procedimiento de aprobación, pero finalmente podemos asegurar que hemos revertido la norma sobre quemas a como estaban antes de abril para la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas», indican. En España hay unas 914.800 explotaciones agrícolas.