La empresa insiste en que tiene todos los permisos

El juez «ha llevado el sentido común a la sanción» aplicada por el Ayuntamiento de Villablino, y reconoce que Coto Minero Cantábrico tiene una «carga enorme» con la restauración del cielo abierto. Sin embargo, la empresa recurre la decisión porque considera que la multa «sigue siendo injusta, toda vez que la entonces MSP disponía de todos los permisos requeridos». Y se considera «ya muy perjudicada» por la paralización en su día de la mina.

El Grupo Alonso recuerda que El Feixolín contaba con una autorización de la administración minera para explotar la mina y restaurarla; una autorización de la JUnta para el uso excepcional de suelo rústico y una conversión en común de la parte de suelo rústico protegido, «lo que la autorizaba a utilizar todo el suelo que ocupaba la mina». También disponía de una autorización de la Junta para ocupar el monte de utilidad pública, y las autorizaciones de San MIguel de Laciana y Orallo para explotar sus montes. Y un acuerdo de licencias con el Ayuntamiento de Villablino por el que pagó más de cuatro millones de euros.

Respecto a la licencia ambiental, recuerda la empresa que la exigencia de este requisito se aprobó por ley en el 2003 (el cielo abierto comenzó a funcionar en 1995); y daba de plazo hasta octubre del 2007 para que las industrias en funcionamiento se adaptaran a esta nueva norma. En el caso del Feixolín no hubo lugar, porque entre el 2004 y el 2006 se desató la batalla judicial que concluyó con la paralización de la explotación en ese último año. «No había por tanto lugar a exigir la licencia ambiental, y todo lo demás estaba en orden».