Las enmiendas a la Ley de Caza defienden que las universidades hagan los censos de especies
Los grupos parlamentarios del PP y Cs han registrado quince enmiendas al proyecto de ley de Gestión Sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, entre ellas la incorporación de las universidades como potenciales elaboradoras de censos e inventarios de especies, mientras que en el caso del PSOE ha presentado 32, una de ellas para pedir que esos censos sean publicados anualmente en la web de la Junta.
Con las votaciones en las Cortes más abiertas tras la pérdida de la mayoría por parte de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno autonómico, estas propuestas deberán ser acordadas fundamentalmente con los cuatro partidos con representación en el Grupo Mixto y la procuradora no adscrita, la ex de Cs María Montero.
A este proyecto legislativo también han presentado diferentes enmiendas Podemos, Unión del Pueblo Leonés y Vox.
Lo primero en lo que están de acuerdo PP y Cs es en la modificación del nombre de la futura norma, que pasaría a incorporar directamente el término «caza» y denominarse Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
Otras enmiendas van dirigidas a ampliar los plazos de que disponen los cazadores y la propia administración para realizar trámites administrativos, como el caso de ampliar de tres a cuatro meses el plazo máximo de la Junta para elaborar un plan cinegético de los cotos de caza.
PP y Cs también defienden la condición de los celadores de medio ambiente como agentes de la autoridad, ya que con la redacción actual dejaban de serlo y ahora, con esta modificación, de ser aprobada, la mantienen. En este caso, el PSOE también ha registrado una enmienda en este sentido.
Desde el Grupo Socialista en las Cortes se pide un endurecimiento del régimen sancionador por el incumplimiento de la propia ley, con multas que podrían elevarse hasta los 200.000 euros en caso de infracciones muy graves —frente a los 100.000 euros que figuran actualmente—, pero también con la prohibición de ciertas prácticas. El PSOE también pide que la superficie mínima para constituir un coto sea de 500 hectáreas, el doble que propone el proyecto de ley l, a la vez que pide incorporar las vías pecuarias y las rutas cicloturistas y de BTT como terrenos en los que no se pueda cazar.