España y once países contraatacan a la Eurocámara y defienden el estatus del lobo

Los gobiernos de doce países de la Unión Europea, entre ellos España, han reclamando por carta a la Comisión Europea que mantenga inalterada la protección legal del lobo, rechazando así una resolución del Parlamento Europeo que pedía cambiar su estatus para mitigar los daños sobre la ganadería.

Esta resolución, que plantea una flexibilización en la normativa protectora del lobo, supone la principal baza de Castilla y León para pedir al Gobierno de España que la imite y de «marcha atrás» en la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

En una misiva impulsada por Eslovaquia y enviada este lunes al comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, los ministros del ramo de Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia rechazan «inequívocamente la tendencia de la resolución a debilitar la protección legal del lobo».

«El lobo, junto con el lince eurasiático y otros carnívoros, desempeñan un papel indispensable en la regulación de la abundancia de poblaciones de caza y en la mejora de su salud», señalan.

La UE protege a las especies vulnerables en la Unión Europea a través de la Directiva Hábitats y prohíbe abatir o capturar deliberadamente lobos salvajes.

Pero la Eurocámara aprobó el pasado noviembre por amplia mayoría una resolución no vinculante que pedía garantizar «una coexistencia equilibrada entre las personas, el ganado y los grandes carnívoros, en particular en las zonas rurales, y que debe reconocerse que las fluctuaciones en los niveles de población de ciertas especies pueden causar una serie de problemas medioambientales, agrícolas y socio-económicas».

Los eurodiputados invitaban a la Comisión y a los Estados miembros a «hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento y los daños causados a los animales de cría» y pedían vigilar «las áreas de reaparición y las dimensiones de las poblaciones de grandes carnívoros».

Sin embargo, los doce países que han escrito a la Comisión señalan que «el daño al ganado es inevitable» cuando los grandes carnívoros coexisten con el ganado, pero subrayan que «muchos países» han reaccionado con legislación que contempla compensaciones por el ganado y la propiedad afectada o «medidas preventivas».

«Estamos convencidos de que su protección estricta, junto con un sistema efectivo de medidas preventivas, compensación justa y también comunicación con los expertos y los agentes concernidos, así como con el público en general, aportará las mejores soluciones», dicen.

Los ministros esperan de Bruselas que mantenga el «mismo ángulo responsable en la protección de las especies raras» y que promocione y agilice las justas compensaciones por los daños pero que al mismo tiempo «refuerce el crecimiento» de las poblaciones de carnívoros.

COMUNIDADES LOBERAS

La batalla política sobre la protección del lobo enfrenta en España al Gobierno central y a los Ejecutivos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que quieren que se elimine la protección contra el lobo pues argumentan que en sus territorios la especie no corre peligro y los ataques al ganado siguen en aumento.

Esas regiones consideran un error que el Gobierno haya incluido al lobo en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y aseguran que los inventarios se han elaborado sin datos fehacientes, postura que también han denunciado ante la Audiencia Nacional.

Las «comunidades loberas» y la Comisión Europea acordaron establecer un intercambio de información, invitaron al comisario a conocer la situación sobre el terreno y la Comisión aseguró entonces que seguiría «supervisando y apoyando la situación para encontrar soluciones realistas en consonancia con la legislación de la UE y basadas en datos sólidos».

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