viernes 21/1/22

La PAC, que aún tendrá que ser refrendada por el Consejo Europeo, asigna a la Comisión Europea la labor de evaluar si los planes estratégicos nacionales recogen los compromisos con el clima y el medio ambiente que se exigen; los agricultores, a su vez, tendrán que ser «respetuosos» con ellos en su labor. Y los Estados miembros tendrán que garantizar que al menos el 35% del presupuesto se destine al desarrollo rural y el 25% de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas, lo que se ha definido como ‘ecoesquemas’.

El proyecto validado por el Parlamento Europeo contempla que al menos el 10 % de los pagos directos se utilice para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3% del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos de agricultores jóvenes. También se han insistido durante los debates y se ha logrado incorporar al resultado final «la creación de una reserva permanente de crisis», que contará con una dotación presupuestaria de 450 millones de euros y que tendrá como objetivo «ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado», según se ha subrayado desde la Eurocámara.

Mayor cooperación entre los inspectores de trabajo nacionales y los organismos que gestionan los pagos de la PAC o el control, mediante una herramienta de gestión de datos, de quienes son los destinatarios finales de las subvenciones son otros herramientas previstas en este marco que garantizarían esa mayor transparencia que defienden los eurodiputados. La primera permitiría vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y sancionar las infracciones.

Los estados deben destinar el 35% del presupuesto al desarrollo rural y el 25% a los...