La estrategia nacional de Red Natura recoge la gestión eficaz y un diagnóstico de especies

España se encuentra inmersa en la elaboración del Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una hoja de ruta en el que están muy presentes los espacios catalogados bajo la Red Natura 2000 , de los que la provincia de León cuenta con 52 hábitats diferenciados y 75 especies de interés comunitario. De hecho, de los 211 municipios de la provincia de León, 117 de ellos coinciden con alguno de esos 52 espacios al amparo de esta figura.

El borrador del plan que maneja el Gobierno incide en que, no más tarde de 2023, se aprobará una revisión de las directrices actuales para la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 y que con estas nuevas directrices «se fomentará una mejora en el conocimiento de las especies y los tipos de hábitat de dichos espacios y se impulsará a la aprobación e implantación de instrumentos de gestión eficaces en toda la red». A mayores, recoge que se deberá «definir con claridad» los objetivos y el desarrollo de medidas de conservación. «Se promoverá, a través de estas directrices, la incorporación en los planes de gestión de un apartado sobre adaptación de los mismos al cambio climático con, al menos, un diagnóstico que incluya un listado de especies y hábitats especialmente vulnerables, objetivos, acciones e indicadores de progreso y cumplimiento, así como un plan de conectividad con otros espacios protegidos», recoge la propuesta.

Desde el Gobierno se reclama una implicación activa de las comunidades autónomas para tener concluido este mismo año el proceso de declarar las Zonas Especiales de Conservación y que en 2028 «se hayan revisado los objetivos y medidas del 100% de estos espacios». Así, el objetivo de garantizar la idoneidad de las medidas de conservación, se favorecerá que en 2025 el 75% de los espacios protegidos Red Natura 2000 evalúen regularmente la efectividad de las medidas adoptadas y que en 2030 este porcentaje sea del 100%.

En relación a las Reservas Biosfera , siete en la provincia de León, el borrador del plan estratégico recuerda que son espacios de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales, «con los objetivos básicos de conjugar la preservación de la diversidad biológica con el desarrollo sostenible . Al ser ésta una herramienta interesante para remediar los desequilibrios entre la humanidad y la naturaleza, el plan considera que es «necesario reforzar su funcionamiento de manera que se favorezca la conectividad con otros espacios de gran valor natural». Así, para 2030 las nuevas Reservas de la Biosfera que se creen, deberán contar en sus Planes de Gestión con mecanismos de conectividad con territorios más amplios, y al menos un 50% de las existentes deberán modificarse para incluir este aspecto.

A los 52 hábitats de la Red Natural 2000 y las siete Reservas de la Biosfera, la provincia de León suma un parque regional, otro natural y otro nacional, además de numeros enclaves verdes de un alto valor. Con el objetivo de 2025, los bosques considerados primarios o maduros, así como otros ecosistemas ricos en carbono como los humedales (incluyendo las turberas) y los pastizales —el borrador también contempla las praderas de fanerógamas marinas— hasta 2030 se desarrollará el proceso para su inclusión en espacios de protección estricta. «Se procederá asimismo a la designación de nuevas Reservas Hidrológicas (Reservas Naturales Fluviales, Lacustres o Subterráneas)», señala el documento con el que se definirá el Plan Estratégico Natural y de la Biodiversidad. «Los bosques maduros son ecosistemas forestales de gran valor ecológico, cultural y social debido a su rareza y a su biodiversidad única, que se caracterizan por tener muy altos niveles de madurez y naturalidad, lo que los hace especialmente sensibles a las perturbaciones antrópicas», indican desde el Gobierno para señalan que es preciso la realización de un catálogo nacional, que supondrá «un instrumento crucial» y que reclamará también la «coordinación» entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Este catálogo debe incluir los bosques nativos maduros de propiedad pública así como otros singulares que, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios para ser considerados como tal «tengan unas características que hagan de su conservación y protección sean de vital importancia».