Diario de León

El estudio de riesgos por la actividad minera se retrasa al año que viene

El Igme y la Junta invertirán 465.656 euros en evaluar los entornos del Feixolín y Fonfría

Los trabajos tratan de evaluar la peligrosidad y el riesgo por movimientos del terreno en el Valle de Laciana. DL

Los trabajos tratan de evaluar la peligrosidad y el riesgo por movimientos del terreno en el Valle de Laciana. DL

Villablino

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en su edición de ayer la adenda del convenio entre la Junta de Castilla y León y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la realización de estudios científico-técnicos sobre peligrosidad y riesgo por movimientos del terreno en el Valle de Laciana, así como la realización de un modelo geológico 3D en la cuenca minera de Ciñera-Matallana.

Concretamente, se trata de unas actuaciones en las antiguas explotaciones mineras del Feixolín y Fonfría, con un importe que asciende a la cantidad de 465.656 euros, cofinanciados al 50 % por las partes firmantes del presente y distribuidos en tres anualidades, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. Concretamente, para el primer ejercicio está destinado 34.808 euros que será aportado por cada organismo, mientras que para el siguiente año le corresponde abonar 167.131 euros a cada una de las partes y para el último ejercicio será 30.888 euros lo que deberán abonar cada institución.

Respecto a las fechas, para el 30 de noviembre de este año se deberá tener elaborado un informe de seguimiento y justificación de gastos, mientras que en el año 2022, la fecha fijada para estas actuaciones será el día 30 de octubre.

Según recuerda el BOE, en el año 2019 se suscribió un Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda, y el Igme para la realización de este tipo de estudios científico-técnicos, en donde se establecía un plazo para la ejecución de las actuaciones de tres años, finalizándose en la anualidad del 2021, y ello con una vigencia de veinticuatro meses programados para la ejecución de los trabajos necesarios para llevar a cabo los estudios objeto del mismo. Sin embargo, las actuaciones planificadas en el convenio no ha sido posible realizarlas en el plazo inicialmente previsto y tras examinar las circunstancias que se habían producido, se acordó reajustar la programación técnica y económica, y ello para hacer El acposible la ejecución y liquidación de los trabajos y gastos a realizar, tal y como se matiza en el Boletín.

Cabe recordar que en el año 2019 el Instituto Geológico y Minero de España ya había comenzado con el estudio sobre los riesgos del terreno por movimientos de ladera detectados en las citadas explotaciones mineras, dentro de este convenio de colaboración, según confirmaba en ese momento la Junta de Castilla y León, cuya previsiones eran que en una primera fase se realizaran estudios científico-técnicos avanzados e innovadores, que ya han dado comienzo con la recopilación de información geológica, hidrogeológica, geomorfológica y meteorológica, y la preparación de modelos digitales de elevaciones y modelos digitales del terreno, que «servirán de base para la elaboración de mapas geológicos y geomorfológicos que se revisaran con la toma de datos en campo buscando delimitar las zonas de deslizamiento activas.

Dentro de las tareas, la administración autonómica señalaba que para el análisis de riesgos se realizarian sondeos de investigación buscando las superficies de rotura e instrumentalizando dichos sondeos para monitorizar los movimientos en profundidad y las variaciones en los nieves piezométricos.

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