El fiscal: «En Nueva Julia no se restauró nada, sacaban carbón a todo lo que daba la máquina»

El juicio celebrado desde el lunes en la Audiencia Provincial de León por un delito continuado contra los recursos ambientales y el medio ambiente en la explotación a cielo abierto de Nueva Julia-La Mora, en el término municipal de Cabrillanes, quedó ayer visto para sentencia.

La Fiscalía pide para el empresario minero, Victorino Alonso, y para el que por entonces era jefe de la explotación, Manuel Santamaría, penas de ocho años de cárcel por las presuntas irregularidades cometidas por la empresa MSP, –más tarde y tras su fusión con Hullas del Coto Cortés denominana CMC–, entre los años 2003 y 2010 en las 405 hectáreas para las que había una declaración de impacto ambiental para el desarrollo de la actividad minera en 278 hectáreasde ellas mientras que las 127 restantes deberían ser destinadas a la restauración.

La Fiscalía ha tratado de demostrar en todo momento que la actividad extractiva, que se producía a un ritmo de 1,3 millones de toneladas de carbón al año, se realizó en toda la explotación, y que incluso se invadieron 19 hectáreas más de monte de utilidad pública, ya en el término municipal de Villablino, enclavado en plena Red Natura, y para el que no había ningún tipo de permiso de ocupación ni de explotación. «Todo ello con dolo y plena consciencia», matiza.

Además, según el fiscal, sin llevar a cabo ningún tipo de restauración, ya que tal y como constató la Junta de Castilla y León, tras el abandono de la actividad minera en 2011, tan solo se había recuperado ambientalmente una hectárea de toda la explotación. «Allí no se restauró nada ya que se dedicaron a sacar carbón a todo lo que daba la máquina», esgrimió el fiscal en sus conclusiones. Prueba ello, según defendió en todo el juicio, es que «la broma le ha costado al erario público 24,8 millones de euros (el 75% el Ministerio de Industria y el 25% restante la Junta de Castilla y León) que son los invertidos para recuperar medio ambientalmente la zona»., trabajos actualmente ejecutados por Tragsa desde 2017.

El ministerio Fiscal contó con el testimonio por videoconferencia desde Madrid del jefe de la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente, Teodoro Abad, que emitió un informe «demoledor» sobre el estado ambiental en el que quedó la zona.

Abad calificó de «muy grave» la afección cometida en la zona, especialmente en las 19 hectáreas protegidas, aunque solo representen un 3% del Espacio Natural del Alto Sil. «No se trata de qué cantidad haya sido afectada sino de la afección creada».

El experto concretó además que el riesgo por las escombreras detectadas y la contaminación de las aguas suponen un riesgo muy elevado para la población. Sin embargo reconoció a la defensa que no se habían realizado mediciones de contaminación de las aguas, ya que se supone que estas están contaminadas después de la actividad minera llevada en la zona. «No me hace falta cortar un brazo para saber que va a sangrar», explicó.

Abad concluyó afirmando que el proyecto de Nueva Julia de explotar y al tiempo restaurar, minería de transferencia, «era bueno, porque la afección hubiera sido mínima y el coste de la restauración también, pero no se cumplió», y añadió que «Nueva Julia arrasó con todo pero no restauró nada».

A las conclusiones del Fiscal se adherió el abogado que representa la acusación ejercida por la Junta de Castilla y León, que reconoció que la administración se pudo equivocar al aprobar cada año los planes de labores de la empresa sin comprobar si se estaba restaurando la zona o no para haber actuado antes, pero lo que sí que dejó claro es que en 2003 tenían un aval de 279.000 euros cantidad que se elevó en 2009 a más de dos millones de euros, lo que demuestra «no había restaurado nada».

Tanto la Fiscalía como la acusación responsabilizan a Victorino Alonso, como administrador único de la empresa, como a Manuel Santamaría, responsable de las decisiones que se tomaban en la mina, de este delito continuado, que a su juicio ha causado un daño «irreparable» tanto al hábitat, mayormente brezo, protegido por la directiva europea, como la oso pardo y al urogallo, especies en peligro de extinción con presencia en la zona.

Ambas partes reclaman a los acusados también la responsabilidad civil por lo cerca de 25 millones de euros que esta costando la restauración de la corta.