El fiscal pide más de 52 años de cárcel y 2M€ de indemnización por el accidente de la Vasco

maría j. muñiz | león

Tres años y seis meses de prisión para cada uno de los quince acusados, desde el presidente hasta los vigilantes de seguridad, de imprudencia en el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, y causó lesiones a otros ocho mineros. E indemnizaciones que superan en conjunto los dos millones de euros para las familias de los fallecidos y para los heridos. Es la petición del fiscal al Juzgado de Instrucción Número 4 de León, que intruye las diligencias previas por el más grave accidente minero de los últimos años.

El fiscal imputa a los 15 acusados seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y otros seis también de lesiones por la misma causa, «de los que son autores los acusados». Además reclama la inhabilitación especial para el derecho de sufragio y ejercicio del oficio durante el tiempo de la condena.

El 28 de octubre de 2013, a las 13.25 horas, se produjo una invasión masiva de grisú que dejó el oxígeno por debajo del 1% y causó la muerte inmediata de los seis trabajadores que en ese momento se encontraban en el taller de la planta 7ª del ala Eeste del macizo 7º del grupo Competidora. Murieron José Antonio Blanco, de 43 años; Juan Carlos Pérez, de 41; Manuel Antonio Moure, de 44; Roberto Álvarez, de 36, José Luis Arias, de 45 años y Orlando González, de 44. Y resultaron lesionados otros ocho trabajdores que acudieron a auxiliar a sus compañeros.

El fiscal considera responsables de estas muertes y lesiones al presidente de la compañía, Antonio del Valle; su vicepresidente, Arturo del VAlle y el vocal Aurelio del Valle; además de Mario Calvo Herce, director general de la empresa; José Eliseo Solís Álvarez, director facultativo del Grupo Tabliza; David Toribio, ingeniero técnico jefe del grupo; Javier Martínez Rico, subjefe de Tabliza; Jairo Gómez, también subjefe y los vigilantes Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo. Además de José Marcos Mulecia, jefe del Departamento de Seguridad Minera; José Carlos García Jarrín, jefe de seguridad minera; y los vigilantes Andrés Rodríguez y Alberto Rivero.

«Todos incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía de facilitar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores, máxime en una actividad laboral especialmente peligrosa», señala la petición del fiscal. Que incide en que el accidente era «previsible y evitable»; y se produjo «debido a que los trabajos de explotación del taller, que se habían iniciado el 11 de octubre, se estaban realizando por los trabajadores en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad».

Apunta también el fiscal «la omisión por los acusados de las medidas necesarias para vigilar la seguridad en el taller, y para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente». Como consecuencia de estas omisiones los acusados «pusieron en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió».